La Fiscalía Provincial de Valencia ha reabierto la investigación sobre los cursos de prostitución profesional ofertados —mediante carteles y tarjetas— en Valencia, en los que se ofrece "incorporación inmediata" y están destinados a "ambos sexos", según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.

El ministerio público abrió una primera investigación sobre este asunto a raíz de una denuncia presentada en mayo por parte de la Generalitat valenciana. El Consell, en cuanto tuvo conocimiento de estos curso, remitió inicialmente un escrito a la empresa en el que le exigía la retirada de los anuncios.

Desde la Generalitat consideraban que la iniciativa de anunciar estos cursillos podría ser constitutiva de un delito de facilitación y promoción de la prostitución, tipificado por el Código Penal.

Por este motivo, solicitaron a Fiscalía que investigara si el promotor de esta iniciativa podría haber incurrido en un delito de proxenitismo, al prometer un trabajo de prostituta al término de estas clases; o si podría haber recaído en alguna otra irregularidad por impartir un curso sin ser un centro formativo homologado.

El ministerio público abrió diligencias de investigación, pero al cabo de menos de dos meses las archivó al no hallar indicios de delito, puesto que no había quedado acreditado que el curso se difundiera entre menores, que promoviera la prostitución, o que existiera realmente una actividad a este respecto.

Tras el archivo de la investigación, la empresa encargada de estos cursos volvió a retomar la actividad el pasado mes de septiembre y ofreció —también mediante carteles— este tipo de cursos pero añadiendo una novedad: incorporaba que era "una profesión muy rentable para ambos sexos!!!" y ofrecía "incorporación inmediata".

Como consecuencia de esta iniciativa, la Conselleria de Justicia y Bienestar Social interpuso una segunda denuncia en Fiscalía, y sobre la misma, el ministerio público ha acordado reabrir las diligencias de investigación penal.

Observatorio de publicidad

La Comunitat cuenta con un Observatorio de Publicidad No Sexista que pretende actuar como foro de observación, análisis y canalización de las denuncias originadas por los anuncios sexistas que aparezcan en los medios de comunicación, así como de analizar la publicidad de las empresa que tengan su domicilio social en la Comunitat y/o se difundan a través de soportes publicitarios y/o medios de comunicación. En 2012 tramitó un total de 61 denuncias por contenido sexista —hasta el 22 de octubre de 2012—. Algunas de ellas se iniciaron a instancias particulares, y otras de oficio.

Cuando se presenta una denuncia ante este observatorio, se procede a su estudio y revisión para determinar si efectivamente se trata de publicidad sexista. Si es este el caso, se oficia escrito al anunciante para, en primer lugar, informarle de los motivos y la normativa que podría estar vulnerando, así como de que ésta sea tenida en cuenta en campañas futuras y, en segundo lugar, requerirle el cese de la campaña publicitaria o la retirada de la publicidad.

Si la campaña o medio de difusión es de ámbito nacional, se da traslado de la denuncia al Observatorio de Imagen de la Mujer, adscrito al Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este Organismo actúa con independencia del Observatorio de Publicidad de la Comunitat Valenciana.

Según los casos, el observatorio da traslado de la denuncia a la Dirección General de Comercio y Consumo, para que valore si a tenor de la legislación vigente, dicha publicidad puede constituir una infracción administrativa al considerarla ilícita. Si el soporte de la campaña publicitaria son vallas publicitarias, se daría traslado al municipio donde se encuentre ubicada la valla donde se exhibe la publicidad denunciada por ser esta administración la competente en la concesión de las licencias. Además, algunos municipios —como Valencia— prohíben mediante sus ordenanzas o en sus Planes de Igualdad de Oportunidades municipales la publicidad sexista, por lo que pueden actuar contra la misma.

Si la valla se encuentra visible desde carreteras y no parece tratarse de suelo urbano, se da traslado al Servicio de Carreteras dependiente de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la provincia donde se ubica, para que en su caso, inicien expediente sancionador.