El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha rechazado la personación de la Junta de Andalucía como acusación particular en la causa abierta contra la empresa Marketing Finance & Profesional Contact Center (MKF), investigada por el supuesto uso de discapacitados para el cobro fraudulento de subvenciones de la Administración Autonómica.

El magistrado Basilio García Melián estima el recurso interpuesto por la propia empresa y entiende que si la Consejería de Empleo en su día informó de que no había otorgado ayuda pública alguna a la sociedad "no puede pretenderse" que se le reconozca una condición procesal "cuya base legitimadora niega la supuesta perjudicada", esto es, "que no ha sufrido daño patrimonial alguno", según consta en el auto, de fecha 2 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, el juez recuerda que el procedimiento se abrió a instancias de la Fiscalía y del propio decreto "resultarían indicios de criminalidad" no sólo contra los empresarios que hasta ahora han resultado imputados sino "igualmente contra las autoridades o funcionarios encargados del control o seguimiento del cumplimiento de las condiciones establecidas para el otorgamiento de las correspondientes subvenciones".

Por ello, considera que "en cualquier caso" deberá "aclararse" la "contradicción" existente entre lo afirmado en el informe policial realizado a instancias del Ministerio Fiscal "y la información remitida" por Empleo, relativa a que la sociedad de la que los administradores son imputados no han recibido subvención alguna.

En ese sentido, el juez ha oficiado a los inspectores o miembros de la Policía Nacional que elaboraron para la Fiscalía Superior de Andalucía el informe "donde se apunta a la supuesta percepción" por los imputados de "pingües subvenciones" de modo presuntamente fraudulento, para que aclare la contradicción en ese dato y la realidad que afirma la Junta de Andalucía, señala en la resolución, contra la que cabe recurso de apelación.

En el caso sí está personado como acción popular el sindicato CCOO, que ya ha anunciado que solicitará la declaración de funcionarios de las delegaciones de Empleo de las provincias en las que la sociedad tiene ramificaciones (Almería, Granada y Jaén). El objetivo de pedir estas nuevas diligencias es que se aporten al caso los expedientes administrativos de las ayudas públicas otorgadas y que además los trabajadores que participaron en la concesión comparezcan al respecto.

Además, CCOO cree necesario que la Seguridad Social aporte información acerca de los empleados que esta empresa de telemarketing tenía dada de alta y que el Registro Mercantil acredite también los ingresos de MKF, ya que el sindicato sospecha que sólo obtenía fondos de las subvenciones que logró, y que pudiera ser una "tapadera" para otras actividades.

Por ahora, ya han declarado los trabajadores que en su día interpusieron la denuncia contra la empresa, que se han ratificado en sus acusaciones, manteniendo que no se les encargaban tareas, o se les mantenía ocupados con labores tediosas sin sentido, e incluso se les hacía firmar documentación por cursos que no habían realizado.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada investiga a la empresa por posibles delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, y ha imputado a los dos gerentes de la misma.

El asunto fue remitido por la Fiscalía Superior de Andalucía, que incoó diligencias el 6 de junio del pasado año, a la Fiscalía General del Estado (FGE), concretamente a su departamento para la tutela penal y contra la discriminación.

El Juzgado inició la investigación tras recibir el decreto de la Fiscalía Superior en el que consideraba que MKF podría haber incurrido, cuando menos indiciariamente, en "graves irregularidades".

De hecho, y después de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, el fiscal superior, Jesús García Calderón, concluía que los hechos, denunciados en su día por el sindicato de CCOO y un conjunto de trabajadores de la empresa, podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, o de falsedad en documento público, según constaba en el decreto al que ha tuvo acceso Europa Press.

La Fiscalía acordó entonces remitir lo investigado por la Policía Judicial, a través de la Fiscalía Provincial de Granada, al Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, así como a las Fiscalías Provinciales de Jaén y Málaga "para su conocimiento y a los efectos oportunos".

Según el informe policial realizado, la mayoría de las contrataciones de la sociedad, siempre bonificadas como incentivos a la contratación de personas con discapacidad, tuvieron una duración de poco más de una semana y, en cualquier caso, "sin superar los cuatro meses de duración contractual establecido como periodo de prueba".

Estas contrataciones "han supuesto un notable incremento económico para la beneficiaria de las subvenciones", que, "en ningún caso y de manera intencionada", ha vinculado su percepción con la continuidad temporal del empleo con la integración laboral de las personas discapacitadas que fueron contratadas e incluso con la viabilidad económica de la empresa.

El número de trabajadores con discapacidad que fueron afectados por estas situaciones de contratación bonificada es de un total de 307 entre las tres provincias, y la cantidad total percibida por MKF de la Junta de Andalucía asciende a 1.384.241,68 euros, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

El cobro de estas cantidades ha supuesto por la empresa el "reiterado y continuo incumplimiento" de la legislación aplicable por la concesión de incentivos a los centros especiales de empleo para la contratación de personas con discapacidad y, en ese sentido, la Fiscalía recordaba que la Consejería de Empleo debe tener el "suficiente control y seguimiento de estas contrataciones subvencionadas para reclamar el cumplimiento de sus fines o interesar el oportuno reintegro de las cantidades percibidas".