El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, recomienda a través de una de sus resoluciones, que el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), ejecute la orden de clausura que pesa sobre un bar de copas de la calle Marqués de Paradas. Igualmente, la institución de Chamizo recomienda al Consistorio una "investigación interna" para esclarecer las "disfunciones administrativas" puestas de relieve a la hora de tratar las infracciones e incumplimientos de este negocio concreto.

Todo viene contenido en una resolución emitida el 17 de octubre por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y recogida por Europa Press. La resolución, en concreto, desgrana trata una queja promovida por un vecino de Sevilla a cuenta del conflicto que rodea a un bar de copas de la calle Marqués de Paradas explotado por la sociedad 'Kuti S.C.'.

DESDE 2009

Según la resolución, ya en enero de 2009 dos inspecciones del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla derivaron en una resolución, emitida en abril de 2010, dando cuenta de infracciones por actividades desplegadas en este establecimiento "excediendo las limitaciones fijadas en la licencia". En el marco de esta resolución, se ordenaba "mantener clausurada la actividad en caso de que se compruebe su funcionamiento excediendo las condiciones de la licencia".

Posteriormente, el 2 de febrero de 2011, la Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense abrió contra el mismo negocio un expediente sancionador al no atenerse las instalaciones al proyecto técnico autorizado con la licencia de apertura. Dentro de este procedimiento, se ordenaba, "como medida provisional, la clausura de la actividad" hasta la reposición de las instalaciones conforme al proyecto técnico autorizado.

Diversas infracciones

La Gerencia de Urbanismo, de su lado y siempre según la citada resolución que firma José Chamizo, constataba que en 2010 fueron ejecutadas en el negocio "obras carentes de licencia urbanística". En paralelo, si bien en febrero de 2011 la Gerencia de Urbanismo autorizó la instalación de veladores en este bar de copas de la calle Marqués de Paradas, esta decisión fue anulada al no ajustarse a la normativa autonómica que ciñe la autorización de terrazas de veladores a la naturaleza de la licencia en cuestión de cada negocio.

Pero a pesar de las resoluciones emitidas por la Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla y la Gerencia de Urbanismo, y según expone este documento de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, la Policía Local habría cursado diversas inspecciones, "al menos hasta diciembre de 2011", constatando que el negocio seguía abierto al público "y funcionando" pese a la orden provisional de clausura dictada en febrero de ese mismo año. De hecho, alude esta resolución de Chamizo a siete denuncias promovidas contra el establecimiento tras la orden de cierre provisional emitida por la Gerencia de Urbanismo en febrero de 2011.

Otras denuncias

Las denuncias en cuestión, según la resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, aluden a la instalación de "vallas y veladores no autorizados" y el incumplimiento del horario de cierre, entre otros aspectos. Sin embargo, "no consta que las denuncias hayan derivado en la incoación de los oportunos expedientes sancionadores".

Dado el caso, esta resolución de José Chamizo detecta la posible "existencia de reiteradas conculcaciones de los principios normativos por los que se rigen las administraciones públicas", señalando que no consta la resolución definitiva de los dos expedientes sancionadores promovidos contra este bar de copas por el área de Medio Ambiente, entre otros muchos aspectos.

De cualquier modo, y ante este caso, José Chamizo recomienda que, "a la mayor brevedad posible, se ejecute la orden de clausura de la actividad", dada "la constatación de actividades no amparadas por la licencia, aconsejando igualmente al Ayuntamiento que "agilice la tramitación de los expedientes sancionadores en curso". Chamizo, además, recomienda incoar una investigación interna para aclarar las "disfunciones" administrativas que rodean a este caso e incluso incoar un expediente sancionador a cuenta de los "ilícitos administrativos constatados por funcionarios de este Ayuntamiento".