La sociedad anónima municipal 'Sevilla Global', inmersa en un procedimiento de disolución y liquidación, ha celebrado a instancias del Grupo socialista del Consistorio hispalense una junta general de accionistas de carácter extraordinario. Durante la sesión, la mayoría absoluta de la que goza el PP en la Corporación municipal ha derivado en el fracaso de las propuesta del PSOE para suspender el procedimiento de disolución, reactivar la empresa y paralizar y retirar el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo formalizado ya por la directiva.

La disolución de la sociedad anónima municipal 'Sevilla Global' figura en el plan de ajuste promovido por el Gobierno municipal del PP para adherir al Ayuntamiento hispalense al real decreto Ley 4/2012, que estipula vías de financiación para que las administraciones salden deudas con sus proveedores, a cambio de sacrificios en materia de gasto público. A tal efecto, el Gobierno municipal había esgrimido inicialmente un "imperativo legal" derivado de estas pérdidas como causa de la decisión de disolver esta empresa, aunque finalmente avisó de duplicidades en esta empresa y de la necesidad de ahorrar gastos.

Las cuentas de 2011

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2011 fueron aprobadas por el consejo de administración de 'Sevilla Global' el pasado 28 de marzo de 2011 con un resultado contable de pérdidas valoradas en 3.738.674 euros. Mientras casi todas las pérdidas derivarían del deterioro del valor inmobiliario del complejo empresarial 'Arte Sacro', los trabajadores de la empresa avisan de que al margen de este aspecto, las pérdidas operativas se reducirían a sólo 68.413 euros y la compañía atesoraría aún un capital social de 600.000 euros y un patrimonio neto de más de cuatro millones de euros.

A finales del pasado mes de julio, de cualquier modo, el Ayuntamiento emitía una resolución de Alcaldía, encabezada con el nombre del propio Juan Ignacio Zoido y recogida por Europa Press, dando cuenta de que la junta de accionistas de 'Sevilla Global', participada en solitario por el Consistorio, había acordado la disolución de la entidad. Esta resolución de Alcaldía señalaba la "conveniencia" de que "determinados servicios" de 'Sevilla Global' continúen "en aras del interés general".

El inicio del ere

Así, el documento zanjaba la "continuidad" del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA), del servicio de apoyo a los sectores empresariales, "incluyendo la gestión y venta" del complejo 'Arte Sacro', y del servicio de "programas internacionales en ejecución". "El resto de los servicios y actividades que venían siendo prestados no continuarán", señalaba la resolución. Finalmente, la resolución ordenaba "iniciar la extinción de los contratos de trabajo mediante el preceptivo expediente de regulación de empleo", extremo ya consumado ante la autoridad laboral competente.

Ante este escenario, el Grupo socialista había reclamado la celebración de esta junta general de accionistas de carácter extraordinario a cuenta de las "graves irregularidades" que salpican todo este procedimiento de disolución, siempre según el PSOE. Los socialistas exponen que si bien el consejo de administración de la empresa aprobó el 28 de marzo las cuentas de 2011 con pérdidas valoradas en 3.738.674 euros, extremo inicialmente esgrimido para justificar la disolución de la empresa, dicha sesión fue celebrada sin el "quórum" legalmente necesario al asistir sólo cuatro consejeros, toda vez que varios consejeros delegaron su firma de manera "admisible" en el caso de una formulación y aprobación de cuentas.

"fraude político"

Además, y según el PSOE, la depreciación del valor inmobiliario del parque Arte Sacro "no se puede computar como pérdida neta conforme a la legislación aplicable". Después de la celebración de la sesión, saldada con el rechazo de las propuestas del PSOE pese al apoyo de IU-CA, Juan Espadas ha manifestado a los medios de comunicación, como portavoz del Grupo socialista, que la disolución de esta empresa pública y el citado ERE son "un fraude político y un fraude ley". "Lo que hay es la voluntad de cargarse una empresa y destruir más de 50 puestos de empleo sin causa objetiva alguna. Vamos a apoyar todas las vías legales que los trabajadores emprendan", ha manifestado Espadas.

Antonio Rodrigo Torrijos, portavoz de IU-CA, ha señalado de su lado que el procedimiento de disolución es "discutible y cuestionable desde el punto de vista jurídico y legal" según los argumentos ya descritos, toda vez que el conflicto prueba el "doble discurso" del alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), al proclamar la defensa del empleo pero condenar al paro a los trabajadores de esta empresa pública.