El PP anuncia que los 26 municipios de la provincia con pantanos demandarán a la Junta por el impago del IBI

El PP de Granada ha anunciado este viernes que los 26 municipios granadinos con pantanos demandarán a la Junta de Andalucía para cobrar el IBI de los embalses. Así lo ha señalado en rueda de prensa la concejal del Ayuntamiento de Güéjar Sierra y vicesecretaria de Política Municipal del PP granadino, Ana Vanessa García, que ha recordado que 13 ayuntamientos gobernados por el PP están en esa situación.
Eric Escobedo y Ana Vanessa García
Eric Escobedo y Ana Vanessa García
EUROPA PRESS/PP
Eric Escobedo y Ana Vanessa García

El PP de Granada ha anunciado este viernes que los 26 municipios granadinos con pantanos demandarán a la Junta de Andalucía para cobrar el IBI de los embalses. Así lo ha señalado en rueda de prensa la concejal del Ayuntamiento de Güéjar Sierra y vicesecretaria de Política Municipal del PP granadino, Ana Vanessa García, que ha recordado que 13 ayuntamientos gobernados por el PP están en esa situación.

Lo harán en el marco de la Federación de Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas cuya sección andaluza se ha reunido este viernes en Sevilla para tratar, entre otros asuntos, la deuda que la Junta sigue manteniendo con estos ayuntamientos desde hace diez meses. El acuerdo ha sido adoptado por unanimidad por todos los municipios y todos los partidos políticos representados en la organización, y supone "el último aviso a la Junta para que pague", ha indicado García.

La propia federación informó en la reunión del miércoles que el Gobierno autonómico ha pagado algo más de dos millones de euros pero que sigue adeudando siete "y no hay ningún tipo de compromiso o de calendario de cuándo van a abonar el resto", aseveró Ana Vanessa García.

Los 'populares' han lamentado que "no se haya ofrecido información sobre qué municipios han cobrado y, sobre todo, que a Granada no haya llegado ni un solo céntimo de euro". En total, los cálculos de los ayuntamientos granadinos elevan a cuatro millones el total de la deuda de la Junta con ellos por este concepto".

Ahora, los ayuntamientos reclamarán judicialmente el pago incluyendo los intereses de demora correspondientes a los diez meses transcurridos tras el cierre del ejercicio.

García ha afirmado que la Junta de Andalucía puede haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos "puesto que recibió el dinero del Gobierno central para el pago de este impuesto en 2011 y todavía no sabemos en qué se lo ha gastado".

Por el contrario, el PP ha destacado el "esfuerzo" que está desarrollando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central, para abonar el mismo impuesto, pero correspondiente al ejercicio de 2012, por el que ya ha abonado un total de 3,8 millones de euros de los que 1,6 millones corresponden a Granada.

"Los socialistas critican al gobierno central como enemigo de los intereses de los andaluces, pero lo cierto es que la Junta nos debe más de cuatro millones del ejercicio 2011 que finalizó hace diez meses mientras que el gobierno central ha pagado ya una importante cantidad correspondiente a 2012, ejercicio que aún no ha finalizado", ha dicho Eric Escobedo, alcalde de Lanjarón, otro de los municipios afectados.

Escobedo ha destacado las enormes dificultades que la deuda está generando en los municipios "ya que buena parte del funcionamiento ordinario de algunos ayuntamientos depende del cobro de dicho impuesto por lo que los incumplimientos de la Junta nos están poniendo en una situación muy compleja".

El alcalde de Lanjarón ha recordado que en la mayoría de los casos, además, el IBI no es la única deuda que la Junta mantiene con los Ayuntamientos "sino que continúan debiéndonos subvenciones y convenios incumplidos, lo que en nuestro caso, eleva la deuda hasta los 720.000 euros".

Escobedo es consciente de la enorme dificultad que atraviesan todas las administraciones, pero ha calificado como incomprensible e imperdonable "la deslealtad de la Junta de Andalucía con los municipios que llegan a poner en peligro las nóminas de los empleados municipales".

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