El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha rehusado este viernes pronunciarse sobre el informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cuyo anexo se critica duramente el sistema de desahucios, porque ha de "respetar la autonomía" de este órgano, aunque ha admitido que se trata de un tema que merece una "reflexión" por las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de la ley.

Torres-Dulce ha realizado estas declaraciones momentos antes de asistir, junto al conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, a la clausura del XVIII Congreso de Delegados de la Asociación de Fiscales en la Ciudad de la Justicia, al ser preguntado por el informe elaborado por un grupo de magistrados, bajo la coordinación del vocal del CGPJ Manuel Almenar, en el que se proponen medidas para cambiar el actual sistema de desahucios.

Al respecto, el fiscal general ha asegurado que respeta la autonomía del CGPJ y ha recordado que el máximo órgano de representación de los jueces "no lo asume como tal, sino que lo considera una opinión de expertos". Por tanto, además de "respetar dicha posición por parte de unos señores jueces especialistas que han examinado la cuestión", ha manifestado su voluntad de ser "lo más prudente posible y dejar que las decisiones del Consejo sean las decisiones del Consejo".

Por otra parte, respecto a la posibilidad de que la Fiscalía desarrolle iniciativas para intervenir en estos procesos, ha explicado que su participación en juicios de desahucios es "muy marginal". No obstante, ha matizado que es un tema que "evidentemente" merece una "reflexión" por las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de la ley, en ocasiones "en situaciones muy especiales".

Asimismo, ha recordado que "en todo caso, la perspectiva de la ley es que ésta se aplique siempre de acuerdo con la realidad social, como exige el Código Civil".