El Valedor do Pobo, que actualmente dirige en funciones José Julio Fernández, no prevé que se sustituya al vicevaledor tercero, Domingos Merino, que accedió al cargo propuesto por el BNG, y que ha cesado tras presentar su dimisión por motivos de salud.

El nombramiento debe partir de la Cámara autonómica, que todavía está sin constituir y que, en todo caso, tiene la misión de elegir un nuevo valedor, ya que actualmente está en funciones. Además, se da la circunstancia de que en el momento en que se elija el nuevo presidente del alto comisionado, entrará en vigor la nueva ley de la defensoría gallega, que suprime las vicevaledorías.

En todo caso, según han asegurado fuentes de esta institución a Europa Press, el alto comisionado seguirá funcionando "con normalidad" como lo ha hecho desde que el exvaledor do Pobo, Benigno Sánchez, presentó su dimisión por sus polémicas palabras en las que planteó "suspender" la aplicación de la Ley de la Dependencia y calificó de "justos, necesarios e imprescindibles" los recortes que se estaban aplicando.

Estas declaraciones provocaron la dimisión de la vicevaledora segunda, María Dolores Galovart, que había sido nombrada a propuesta del PSdeG, y que tampoco fue sustituida. Mientras, el vicevaledor primero, José Julio Fernádez, asumió en mayo de este año el cargo de valedor en funciones con el voto favorable del PPdeG y del PSdeG, y la abstención del BNG.

La renovación del valedor quedó suspendida durante el verano y con la convocatoria de elecciones autonómicas, con la novedad de que existe una nueva ley desde agosto que reforma la institución con una reducción de cargos, incluida la supresión de las vicevaledorías.

De todas formas, esta eliminación de puestos no es aplicable hasta el nombramiento del nuevo defensor gallego, puesto que la propia ley recoge que no entrará en vigor hasta que un nuevo presidente de la institución sea nombrado, para lo que hace falta el apoyo de las tres quintas partes del hemiciclo.

En el caso de la actual composición del arco parlamentario, al PPdeG, que fue el impulsor de la reforma de la Ley del Valedor y que se quedó solo en la votación de la normativa, le basta conseguir el apoyo de uno de los otros tres grupos para renovar el cargo de valedor. Concretamente, son necesarios 45 votos de los 75 diputados y los populares cuentan con 41 escaños.

Reforma de la ley del valedor

La reforma del Valedor do Pobo reduce los cargos a seis frente a los 12 actuales —un valedor, tres vicevaledores y ocho asesores—. De esta forma, ahora habrá un valedor, un adjunto a éste y un máximo de cuatro asesores.

Otra de las novedades que introduce la normativa es que, transcurridos tres meses desde que el Valedor reciba una queja de un ciudadano, tendrá que explicar cuál es el estado de tramitación de la misma. Además, ahora las administraciones tendrán un límite de 15 días, porrogable por un mes, para responder los requerimientos de la institución.

Asimismo, incorpora el registro telemático para las quejas y solicitudes, de forma que se adapta a la existencia de internet, algo que no ocurría cuando en 1985 se aprobó la normativa todavía vigente, y toda vez que el 50 por ciento de las cuestiones ciudadanas que entran en la defensoría gallega lo hacen a través de la Red.