La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que los trabajadores municipales del área de Asuntos Sociales llevarán a cabo este viernes una asamblea-concentración a las 8,00 horas ante la Casa Consistorial, para proceder a continuación a entregar alrededor de 5.000 firmas en Alcaldía.

Según han informado fuentes sindicales a Europa Press, se ha decidido finalmente no realizar la acampada prevista desde este jueves a las 16,00 horas y hasta primera hora de este viernes ante la lluvia ante los problemas que podría causar. Sin embargo, sí se celebrará una asamblea por parte de los trabajadores de asuntos sociales en la Plaza Nueva, tras lo que se procedería a entregar en Alcaldía alrededor de las 5.000 firmas que este colectivo recoge desde hace semanas en "defensa" de unos servicios sociales "públicos y de calidad".

En este marco, cabe recordar que los trabajadores de este área realizaron su última movilización este martes, llevando a cabo una marcha silenciosa hasta el Puente de Triana, en donde colgaron un crespón naranja, una acción simbólica ante lo que consideran la "aniquilación" de los servicios sociales.

Según han indicado fuentes sindicales a Europa Press, la plantilla de asuntos sociales iniciará a las 18,00 horas una marcha silenciosa desde la Plaza Nueva y hasta el Puente de Triana, donde sobre las 18,30 horas se prevé desplegar un crespón naranja para protestar por la "aniquilación" de los servicios sociales.

En este marco, apuestan por continuar informando a la ciudadanía sobre las "terribles consecuencias de las políticas sociales que este gobierno quiere implantar en la ciudad de Sevilla".

Desde CCOO-Sevilla se advierte de que a los despidos "consumados" de los trabajadores municipales del Programa de Inmigrantes, "se pueden sumar de aquí a final de año un total de 150 trabajadores más, lo que supone aproximadamente la mitad de la plantilla de los trabajadores de los servicios sociales municipales".

Por ello, asegura que ya no se "atiende" al colectivo de población inmigrante y que podrá dejar de prestarse servicios "básicos y esenciales" a colectivos como la infancia, atención a mayores y dependencia, personas afectadas por violencia de género, chabolismo o personas con riesgo de exclusión social, entre otros.