El juicio de faltas por el desprendimiento de la balaustrada de un balcón de piedra durante la colocación del alumbrado navideño en la calle Príncipe de Vigo en 2008, cuando un bebé resultó herido grave al ser golpeado por los cascotes, ha quedado visto para sentencia este jueves, con la petición de la Fiscalía de 95.213 euros de indemnización, mientras que la representación de los padres ha elevado la cantidad a los 416.701 euros.

Tras la declaración este miércoles de las 11 personas inicialmente denunciadas, este jueves han declarado diversos peritos que evaluaron las lesiones y secuelas de la menor. Además, las acusaciones y defensas expusieron sus conclusiones.

En cuanto a los hechos juzgados, una falta por imprudencia, la Fiscalía ha solicitado multas, como coautores, para el administrador y los cuatro operarios de la empresa Gedemón, que colocaba los adornos; y para los dos socios de Vicalfri, subcontratada por Gedemón para instalar las sujeciones. El mayor de los importes solicitados es para el administrador, con 20 euros al día durante un mes, mientras que para el resto se proponen 10 euros diarios durante un mes.

El Ministerio Público no pide condenas para el Ayuntamiento —que encargó la instalación de las luces a Gedemón—, la entidad Banesto —a la que pertenece el balcón— ni Eulen —que realizaba el mantenimiento del edificio—.

Así, la Fiscalía ha solicitado que todas las personas a las que acusa indemnicen conjunta y solidariamente a los padres de la menor, que tenía tres meses cuando ocurrió el accidente; con un total de 95.213 euros por las lesiones y secuelas. Además, pide una indemnización de 1.117 euros por las lesiones sufridas por la cuidadora que paseaba a la niña cuando cayó la balaustrada.

Por su parte, la acusación particular que representa a los padres del bebé ha solicitado multas económicas —las de mayor cuantía de 5 euros durante 15 días— para el administrador y los trabajadores de Gedemón, los socios de Vicalfri, los responsables de Banesto y Eulen y el funcionario del Ayuntamiento que realizó el proceso administrativo de contratación de Gedemón, pidiendo la absolución —al igual que la Fiscalía— para el otro funcionario denunciado. Además, considera a la Administración local responsable civil subsidiaria.

En cuanto a las indemnizaciones, solicita para los padres de la niña un total de 416.701 euros y 1.671 euros para la cuidadora. También pide que se costee el valor del carrito que resultó dañado en el siniestro. Tras la celebración de la vista, el abogado de la familia manifestó su "sorpresa" por que el Ministerio Fiscal no haya pedido condena para el Ayuntamiento.

DEFENSAS

Por su parte, las defensas de los denunciados han pedido la absolución de sus respectivos patrocinados. Particularmente, la defensa de Vicalfri consideró una "negligencia" por parte de los padres que estuvieran trabajando y que la cuidadora pasease a la niña por la céntrica calle viguesa en vez de "por un parque", lo cual causó sorpresa entre las personas presentes en la sala y dejó afectados a los padres. En contraposición a esta intervención, uno de los abogados del Ayuntamiento expresó "solidaridad" con la familia y la niña a consecuencia de lo ocurrido.

Además, el abogado de Eulen y de su directora, Micaela Núñez Feijóo estimó un "despropósito jurídico" que se culpe a esa empresa, pues desarrollaba un servicio de "mantenimiento de las instalaciones interiores de Banesto" y, por tanto, no incluían el balcón, por ser un elemento exterior.

Por su parte, el defensor de Banesto y su entonces director en la oficina principal de Vigo, Enrique José Guisande, recordó que a la entidad nunca le fue solicitado permiso para colgar las luces desde su edificio y que, además, "nunca ha incumplido sus deberes de mantenimiento" pues no le corresponde pasar la ITE hasta 2014.

Finalmente, el Sergas solicita que los que resulten condenados abonen 37.881 euros en concepto de facturas por la atención sanitaria de la pequeña, "sin perjuicio de las que se puedan ir generando" a mayores.

PERITOS

En la sesión celebrada este jueves en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad olívica también declararon tres peritos que evaluaron la situación de la niña: uno por parte de la acusación, otro por parte de la defensa y también una forense.

La forense y el especialista de la acusación coincidieron en señalar que la niña presenta epilepsia postraumática, hemiparesia —parálisis— del lado izquierdo, disartria —capacidad para coordinar la palabra— y pérdida de audición; mientras que el perito de la defensa, que realizó su evaluación en base a informes médicos pero sin haber explorado a la niña, discrepó en la existencia de disartria y hemiparesia.

En su declaración, la forense explicó que, en el seguimiento realizado a la menor —que también presenta una cicatriz en la cabeza—, la vio "contenta, alegre y que empatizaba". Así, afirmó que era "sociable" y "se comportaba dentro del rango de normalidad, dentro de lo que había". Así, destacó haber detectado una "evolución muy buena y un desarrollo espectacular", teniendo en cuenta que "no ha parecido ninguna complicación añadida".

Por su parte, el perito de la acusación estimó que "lograr una restitución íntegra es prácticamente imposible", mientras que el de la defensa apuntó que la niña presenta un "retraso evolutivo de cinco meses" pero que "la progresión es buena".