Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que detallan que hay una causa en la que se están recabando datos de los hechos, así como la identificación de las personas que estuvieron en dicha ocupación, aunque por el momento no hay imputados, ni se ha llamado a declarar a ninguna persona.

En concreto, en la marcha del SAT que recorría la provincia cordobesa, más de 200 personas, según la organización, entraron en un principio de manera "pacífica" en las instalaciones, liderados por el diputado autonómico de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el portavoz del SAT, Diego Cañamero.

El grupo, al que se sumaron varios centenares de personas, entró en el recinto sobre las 12,00 horas del día 21 de agosto, mientras los agentes de la Guardia Civil permanecieron en las puertas a la espera de recibir una orden de desalojo, que no llegó hasta la mañana siguiente debido a que el propietario del recinto no denunció la ocupación hasta última hora del día 21.

Al respecto, pese a que en un primer momento permitió la ocupación y no denunciaría "mientras los ocupantes no hicieran daño a la finca", finalmente accedió a ello viendo la demora y los usos que le estaban dando al recinto, habilitado como hotel, pero aún no puesto en marcha, principalmente en la piscina y los jardines.

De este modo, los manifestantes del SAT permanecieron en el recinto una jornada completa, sin que se registrara ningún incidente salvo los citados usos, y a primera hora de la mañana del día 22 abandonaron por su propio pie el Palacio de Moratalla para partir a la capital cordobesa, sin tener que ejecutarse de este modo la orden de desalojo.

Investigación en ocupaciones "pactadas"

Cabe recordar que la Guardia Civil abrió una investigación para conocer las razones por las cuales el dueño de la finca ocupada por el SAT tardó tanto en denunciar el asalto, después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, telefoneó al propietario para instarle a que presentase una denuncia.

Fuentes del citado departamento precisaron a Europa Press que la intención de la llamada era evitar la comisión del delito que a su juicio se estaba produciendo con la ocupación de la finca. Además, el ministro le explicó que si no presentaba una denuncia la Guardia Civil no podía llevar a cabo el desalojo.

A pesar de la llamada del titular de Interior, el propietario de la finca descartó presentar una denuncia en principio, algo que sí hizo a última hora del día. Las mismas fuentes apuntaron que desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se sospecha de que los dueños de algunas fincas andaluzas pudieran "haber pactado" las ocupaciones previamente con el SAT.

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