El jurado popular ha declarado hoy culpables a tres de los acusados por la petición de comisiones en Mercasevilla: el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el exgerente del mercado Fernando Mellet y el ex director adjunto Daniel Ponce, y ha exculpado a la cuarta procesada.

En su veredicto, el jurado ha declarado probado que Antonio Rivas y Fernando Mellet "se concertaron" para pedir una comisión ilegal de 300.000 euros al Grupo La Raza y el pago de otros 150.000 euros por la acometida eléctrica a la que no estaban obligados, como condición para otorgarles la Escuela de Hostelería del mercado.

El jurado ha absuelto a la funcionaria Regla Pereira, que estuvo presente en una de las reuniones de enero del 2009 donde se pidió el cohecho pero no intervino en la conversación y "nadie ha declarado ante la Policía o el juzgado que fuera cómplice, ni siquiera los propios empresarios", según el veredicto.

Rivas fue acusado por Mellet de estar detrás de la petición de comisiones pero solo lo hizo en su primera declaración ante la Policía y no en el juzgado de instrucción ni en el juicio, por lo que su acusación no podía ser tomada en consideración por el jurado.

No obstante, el jurado le ha declarado culpable porque otorga "gran importancia a la prueba documental", especialmente unos borradores de convenio que fueron aportados una vez iniciado el juicio por la acusación particular que ejerce el PP y que, según el veredicto, demuestran que Rivas tuvo "una relación antigua" con la subvención de 900.000 euros que la Junta otorgó a la Escuela de Hostelería de Mercasevilla y que fue utilizada para pedir las comisiones.

Rivas mostró "un interés desmedido" por la subvención, estuvo en muchas de las reuniones en las que se preparó la Escuela de Hostelería, "aunque carecía de competencias" sobre esa materia, y Mellet prometió a los empresarios que, si pagaban, obtendrían más subvenciones para cursos de formación, que sí eran competencia del ex delegado provincial de Empleo. Rivas y Mellet "estuvieron siempre en contacto y se concertaron" para pedir las comisiones, según el jurado.

En un veredicto dictado por unanimidad o amplia mayoría en las trece preguntas planteadas por el juez, el jurado también ha considerado probado que los acusados indicaron a La Raza que debían entregar el dinero "en un maletín que dejarían olvidado en un despacho" y que les amenazaron con frases como "la Junta colabora con quien colabora".

Además, por una mayoría de ocho votos contra uno, el jurado se ha declarado contrario al indulto de los acusados.

Tras el veredicto, el magistrado presidente del jurado ha ofrecido a Regla Pereira levantarse del banquillo y salir de la sala o sentarse entre el público, lo que la funcionaria ha hecho entre lágrimas y se ha abrazado a su padre y su suegro, que la acompañaron en todas las jornadas del juicio.

A continuación el fiscal ha elevado a definitiva su petición de 21 meses de suspensión de empleo o cargo público para los acusados y multa de 900.000 euros, el doble del cohecho solicitado, mientras que las defensas han pedido la pena mínima posible, algo sobre lo que el presidente del jurado se pronunciará en las próximas semanas.

Los defensores de los tres acusados han anunciado recursos porque el jurado se ha basado en "suposiciones y conjeturas, prohibidas en el Derecho Penal". Los abogados han destacado la dificultad de que un jurado de legos se pronuncie sobre un tema "complejo" como el cohecho juzgado y han dicho que están "completamente disconformes" con los hechos declarados probados.

Francisco Baena Bocanegra, abogado de Rivas, ha afirmado a los periodistas que se trataba de un tribunal de legos y "no podemos fabricar jueces", por lo que en su veredicto han incurrido en "problemas valorativos y han incidido en un terreno prohibido para el Derecho Penal como es la suposición y la conjetura".

Solo el abogado que ejerció la acusación particular en nombre del PP, Luis García Navarro, ha expresado su satisfacción por el trabajo del jurado, que a su juicio "no ha dejado pasar impune la corrupción del Gobierno de la Junta de Andalucía".

José Manuel Carrión, abogado de Mellet, entiende que el jurado ha declarado probado "algo que no se dijo en el juicio" y por ello "no se pueden extraer conclusiones en sentido contrario a lo que dicen los documentos".

Ha expresado su pesar por el hecho de que el jurado no haya entrado a valorar que la principal prueba del delito, una grabación hecha por los empresarios denunciantes de sus entrevistas con dos de los acusados, se hiciese "subrepticiamente", sin conocimiento de los interesados y en su despacho profesional.

Todos los defensores han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia que emita el magistrado presidente del jurado y han pedido que se imponga a los procesados la pena mínima legal y que se les conceda la remisión condicional o la sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad.