El subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, considera que la atención a los reclusos del Centro Penitenciario de Valladolid se puede prestar mediante la guardia localizada en lugar de permanente, lo que garantizaría la seguridad y salud de los internos.

Martínez Bermejo, quien ha acudido a la presentación del curso de la Universidad de Valladolid 'Pasado, presente y futuro del Sistema Penitenciario', se ha expresado así tras un encierro de unas tres horas (hasta las 18.00 horas) que protagonizaron este martes médicos y enfermeras de la prisión de Valladolid.

El subdelegado del Gobierno ha explicado que la medida de cambiar las guardias presenciales de 24 horas en el Centro por las localizadas a partir del 1 de noviembre viene dado por un replanteamiento a nivel nacional en función de las ratio de atención para hacer "eficiente" el servicio.

En este sentido, ha incidido en que la eficiencia depende la continuidad con la misma calidad del servicio pero también de su coste, por eso se ha propuesto que las guardias sean "más parecidas" a las de consultorios locales y centros de salud, con lo que "se mantiene la calidad".

Más prisiones afectadas

Martínez Bermejo ha aclarado que es una cuestión que se negocia en el ámbito nacional con los representantes de los trabajadores y que afecta no sólo a la prisión vallisoletana, sino a otras de similares características y cree que es "un conflicto que seguramente se resolverá sin ningún problema".

Además, ha explicado que la población reclusa de Valladolid es de unas 500 personas y se cuenta para su atención con seis médicos y ocho profesionales de enfermería, lo que supone unas ratio "magníficas" de atención que permiten un servicio de continuidad a través de un personal que, ha recordado, no se transfirió a Sacyl y aún depende de Instituciones Penitenciarias, y que presta un servicio con una calidad "incuestionable".

Sin embargo, frente a esta postura, los sanitarios del Centro Penitenciario de Valladolid consideran que es una medida "indiscriminada" e "injusta" que perjudica a los trabajadores y no garantiza la "correcta" atención sanitaria que precisa la población reclusa.

El Sindicato CSI-F apoya las reivindicaciones de los profesionales sanitarios de estos centros y en instancia dirigida a la subdirectora general de Rercursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, manifiesta su "malestar" por considerar que la administración, con esta actitud, "ha vulnerado" la negociación colectiva, "representación y participación" institucional y considera que este cambio de las condiciones laborales de los sanitarios de las prisiones afectadas, deben ser tratados en la correspondiente Mesa Delegada de Negociación.

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