El presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, defendió este lunes en Zaragoza el carácter "integrador, solidario y democrático" del régimen foral de Navarra "frente a los intentos de ruptura y las proclamas independentistas".

Así lo manifestó durante una conferencia en el Colegio de Abogados de Zaragoza organizada por la Casa Navarra de esta ciudad dentro de los actos que están celebrando con motivo del 50 aniversario de su creación. Catalán disertó sobre 'Navarra, de Reyno a Comunidad Foral en la España actual'.

En su intervención, consideró que la voluntad mayoritaria del pueblo navarro "expresada elección tras elección, es seguir siendo una Comunidad propia y diferenciada, integrada en España", y que su libre decisión no puede ser vulnerada a través de negociaciones o "mesas de partidos al margen del Parlamento como propugna ETA, que todavía no se ha disuelto, y el independentismo vasco".

En relación con ETA, señaló que "el Gobierno debe seguir siendo implacable con el cumplimiento de la ley, también en lo referente a posibles beneficios penitenciarios que deberán estudiarse en todos sus términos, sin intereses partidistas, sin prevaricaciones ni cesiones, y no debe permitir excepcionalidades inexplicables de ningún tipo".

Crisis y autogobierno

Asimismo, se refirió a la actual situación de crisis económica para destacar que no puede ser utilizada como pretexto para limitar el autogobierno de las Comunidades o cuestionar el régimen foral y el Convenio Económico.

A este respecto, el presidente del Parlamento pidió dejar "que las Comunidades decidan en función de su autogobierno qué medidas de ajuste presupuestario y qué políticas económicas aplicar para cumplir el objetivo de déficit público y contribuir a la recuperación de la economía y la confianza en España".

Catalán se mostró también partidario de reflexionar sobre modelos políticos y electorales que propicien una relación más cercana y fluida entre los representantes y los ciudadanos, aunque ello no va a ser posible del todo, añadió, si no se ponen en práctica por parte de la clase política y los gestores públicos "principios éticos, conductas responsables e instituciones transparentes".

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