AUGC considera que la Junta y la concesionaria de los accesos a Gredos deberían tener su propio servicio de orden

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que la Junta de Castilla y León y la empresa concesionaria de los accesos a la plataforma de Gredos deberían contar con su propio servicio de orden y seguridad.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que la Junta de Castilla y León y la empresa concesionaria de los accesos a la plataforma de Gredos deberían contar con su propio servicio de orden y seguridad.

La Asociación, en un comunicado recogido por Europa Press, se ha expresado así con motivo de la implantación del servicio de control y regulación del acceso de vehículos a motor a la plataforma de Gredos y a raíz del comentario del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, Francisco José Sánchez, quien afirmó que espera que la Guardia Civil les "eche una mano" en lo que se refiere a problemas inducidos por circunstancias ajenas a la gestión del Parque.

A este respecto, la AUGC, que no entra a valorar la legalidad o no de la media o sus efectos, sí considera que el "intento de aprovechamiento" de la Guardia Civil por parte de estas dos entidades, una pública de carácter autonómico y otra privada, para solucionar los problemas de orden público que la misma ha generado "no tiene razón de ser".

Por el contrario, considera que debería ser la propia Junta de Castilla y León junto con los ayuntamientos de la zona, beneficiarios de esta medida, o la empresa adjudicataria del servicio, los que aparte de contratar el personal encargado del control de los accesos hicieran lo propio con el servicio de orden y seguridad en las zonas de acceso y control "para evitar los problemas de orden público que durante el primer fin de semana de la implantación de la medida se han ocasionado y no está descartado que se vuelvan a producir en próximos fines de semana".

La Asociación ha recordado que, "amén de llevarse entre ellos los beneficios íntegros de la medida implantada sin aportar un céntimo a la administración del Estado" (de la que depende la Guardia Civil), la carretera de acceso a la plataforma ya no depende de la Dirección General de Tráfico desde hace tiempo, sino que es la Junta la que tiene las competencias de mantenimiento, regulación y señalización de la misma.

En este sentido, han incidido en que esta vía no cuenta siquiera con numeración como tal carretera, sino que se ha borrado tal numeración de los hitos kilométricos que todavía permanecen en la misma.

Por ello, entienden que como en la actualidad es un "simple acceso al parque", debería ser la guardería de montes de la Junta la que se encargase de denunciar las infracciones observadas a los usuarios del acceso, tales como normativa interna de aparcamiento dentro del parque o demás infracciones observadas en materia de montes y protección de la naturaleza.

Asimismo, consideran que la empresa encargada del servicio es la que debería contar con sus propios vigilantes empleados (similares a los de la O.R.A. de los ayuntamientos) encargados de la vigilancia y control de los vehículos estacionados en las zonas así delimitadas para ello y ser ellos los responsables de realizar las denuncias a los infractores de la norma o de retirar los vehículos que procediesen.

A juicio del colectivo, pretender que ahora sea la Guardia Civil la que suba a denunciar por normativa de aparcamiento a la plataforma cuando esta vía ya no consta como carretera sino como parte del Parque de Gredos con un servicio de estacionamiento explotado por una empresa privada, "es como pretender que los agentes entren a denunciar en un garaje comunitario privado, o con otro ejemplo quizá mas ajustado, pretender que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuviesen que denunciar en Ávila a los conductores infractores de la O.R.A".

Finalmente, la AUGC entiende que utilizar a la Guardia Civil para solucionar un problema de orden público generado en sí por la misma medida tomada por la Junta y por la falta de prevención de la empresa explotadora del servicio es cuando menos "oportunista".

La Asociación ha reiterado que deben ser la propia Junta y la empresa las que deben de establecer su propio servicio de orden y seguridad, de manera que se evite así sobrecargar el trabajo de la Guardia Civil, con el consiguiente coste económico para la arcas públicas.

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