La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha concedido licencia para la construcción de las tres primeras viviendas unifamiliares que se van a realizar en Cantabria tras la aprobación de la reforma del Régimen Jurídico de la Ley del Suelo. Las viviendas se van a levantar en los municipios de Cabezón de la Sal, Ruente y Ruesga.

Al conocerse la decisión de la CROTU, el presidente regional, Ignacio Diego, permite la "dinamización" social y económica de las zonas rurales, ya que abre "un nuevo horizonte" a mucha gente que vive, cuida y protege este medio. Además, supone "más fijación de los ciudadanos de las zonas rurales a su entorno y facilita la vivienda en el núcleo y en el entorno de la familia".

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, que ha presidido la reunión de la CROTU, ha explicado que la medida permitirá un "efecto importante" de reactivación del negocio y recuperación del empleo en el sector de la construcción, especialmente las pequeñas empresas.

La CROTU también ha aprobado en la reunión un "número importante" de rehabilitaciones de construcciones situadas en suelo rústico, ha informado el Gobierno en un comunicado.

Para Diego, esta norma "supone la dinamización del mundo rural" y "permite por fin que sea una realidad ese anhelo de los ayuntamientos y de los ciudadanos de poder construir vivienda unifamiliar en suelo rústico y de potenciar los distintos usos en el suelo rústico y de fomentar muchísimo la rehabilitación de todas las edificaciones existentes", demandas sociales que "hoy ya son una realidad".

El presidente de Cantabria firmó un convenio con la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) que priorizaba la redacción de la reforma de la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo. "Un año después esta Ley no sólo es ya una realidad, sino que hoy la CROTU ya ha concedido licencia a las tres primeras viviendas y el visto bueno a la rehabilitación de muchas de ellas", ha señalado el consejero.

La Ley de Reforma del Régimen Jurídico del Suelo Rústico, elaborada en "estrecha colaboración" entre el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, y la FMC, permitirá, según estimaciones de los ayuntamientos, construir alrededor de mil viviendas unifamiliares distribuidas "de forma equilibrada" en todo el territorio de la Comunidad.

"cuatro pilares"

El Ejecutivo ha recordado que esta Ley se sustenta sobre "cuatro pilares", que son la creación de más usos para el suelo rústico, compatibles con su esencia; más posibilidades de rehabilitación para las construcciones existentes, de construcción de viviendas unifamiliares y de desarrollo de actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, y más autonomía municipal.

En este sentido, la reforma amplía la relación de usos y actividades que podrán llevarse a cabo en el suelo rústico; y apuesta por la restauración de lo ya existente como fórmula para conseguir un desarrollo sostenible del medio rural, y para "profundizar" en su protección.

Asimismo, según el Ejecutivo, propone un modelo de crecimiento "moderado y sostenible" en torno a los núcleos existentes y pretende orientar el crecimiento en los ámbitos próximos al suelo urbano, en las denominadas corolas, mediante viviendas unifamiliares aisladas e instalaciones para actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo.

Al tiempo, se establecen "todas las cautelas y limitaciones necesarias" para llevar a cabo una "auténtica protección" del suelo rústico, limitando la autorización a ámbitos espaciales "muy concretos y próximos" a los núcleos urbanos y tradicionales existentes, y exigiendo el "respeto" a la tipología y al entorno.

En esta Ley se mantienen los Planes Especiales de Suelo Rústico, y los Catálogos de Edificaciones en Suelo Rústico, y se establece la posibilidad de obtener directamente las autorizaciones y licencias para llevar a cabo las actuaciones contempladas en la Ley.

Además, según el Gobierno, se "intensifica" la autonomía local, de modo que, por un lado, son los ayuntamientos los que asumen las competencias para autorizar ciertas actuaciones, pero, por otra parte, se otorga a los municipios la posibilidad de modular y decidir el nivel de aplicación de las nuevas medidas en el ámbito territorial de su término municipal.