La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asegurado que la Generalitat estará "a disposición de la justicia" si ésta decide reabrir la causa por el accidente de Metrovalencia en 2006 que le costó la vida a 43 personas y dejó heridas a otras 47, después de que el periódico 'El Mundo' haya publicado que la misma unidad siniestrada tuvo un descarrilamiento en la línea 1 tres años antes —2003—, un hecho que la dirección de FGV supuestamente ocultó, tanto al perito como a la juez que instruyó el caso.

Bonig se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas durante la presentación de los trabajos de recuperación de las zonas afectadas por las incendios de Andilla y Cortes de Pallás, en la que ha estado acompañada por la Delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León.

La consellera ha destacado en varias ocasiones que no tiene "ningún inconveniente en explicar o investigar absolutamente nada", pero ha afirmado que "esa información —el descarrilamiento de 2003— se dio" en su momento.

De todas formas, considera que "si algún colectivo o alguien aprecia que se ocultó información o que aparecen nuevos elementos que pudiesen contravenir el auto judicial, estaremos a disposición de la justicia, como siempre se ha hecho".

Bonig ya le ha pedido a la directora gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, que "se ponga en contacto y que dé toda la documentación e información al respecto", además de que comparezca ante los medios de comunicación para explicar lo sucedido.

La consellera entiende que si hay nuevos datos, la justicia podría reabrir la causa, "pero entendemos que con el auto —de mayo de 2008— y los informes que se realizaron —por el perito, tres universidades, y la policía científica— la cuestión está clara y determinada".

"ni tapar,

Ni ocultar"

Bonig ha querido dejar claro que la Generalitat "no quiere ni tapar ni ocultar nada", sino que "solo se reflejan hechos objetivos donde hay un auto judicial que cierra el caso y que se basa en un perito judicial, en los informes de la policía científica y de tres universidades. Ningún técnico de FGV fue llamado a declarar".

La titular de Infraestructuras ha desvelado que desde FGV le han dicho que "no se ha ocultado esa información" sobre el descarrilamiento "en 2003 de la misma unidad que tuvo el accidente en 2006, pero fue por causas distintas". En 2003 fue por un "fallo mecánico" y en 2006 el descarrilamiento fue "como consecuencia del exceso de velocidad".

Bonig ha argumentado que eso lo avalan los tres informes de las Universidades de Valencia, Madrid y de Barcelona que se pidieron; el propio perito judicial que nombró la jueza instructora del caso que era el director de operaciones de Adif y queda plasmado en el auto de la Audiencia Provincial de Valencia del 7 de mayo de 2008, que estableció que el descarrilamiento se produjo por el "exceso de velocidad".