El modelo inmobiliario imperante en la práctica totalidad del planeta piensa en la vivienda como negocio y no como derecho de todo ser humano. En España la Constitución recoge el derecho a una vivienda digna de todos los españoles, pero del dicho al hecho… la realidad es muy distinta.

Poner en duda las bases de este paradigma inmobilario solo como negocio es lo que acaba de hacer la Organización de las Naciones Unidas. Su relatora especial, Raquel Rolnik, ha presentado un informe que intenta recordar a los gobiernos la existencia de ese otro paradigma que contempla y considera la vivienda como un derecho fundamental.

La ONU, en un texto de 23 páginas, describe la situación actual del mercado inmobiliario mundial, que considera marcado por los dogmas neoliberales heredados del siglo pasado.

Así, el informe critica el concepto inmobiliario basado en la financiación hipotecaria. Considera que de hecho la financiación de la vivienda se ha convertido en un pilar central de los mercados financieros mundiales.

Es decir, en opinión de la relatora de Naciones Unidas la vivienda ha pasado a ser un activo y un producto básico, y solo las fuerzas del mercado se encargan de su distribución.

Al quedar la vivienda en manos del mercado, las políticas de financiación basadas en el crédito, por su naturaleza misma, discriminan a las familias de menores ingresos. Considera la ONU que estas políticas no abordan los aspectos más amplios, los que contemplan la vivienda digna como un derecho.

Raquel Rolnik asegura que las políticas sociales en vivienda no han servido para promover el acceso de los sectores de población mas desfavorecidos a una vivienda adecuada. Como solo se sigue la lógica financiera de los mercados inmobiliarios, las personas de rentas más bajas van quedando al margen.

El informe censura el debilitamiento del papel del Estado, que –asegura– ha pasado de ser proveedor de viviendas asequibles a facilitador de los mercados inmobiliarios y financieros. Sin embargo, según la ONU, ese mismo Estado que abandona su papel en el sector, sigue invirtiendo grandes cantidades de recursos públicos en rescates, subsidios, y exenciones fiscales.