La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha impuesto una fianza civil de 3.000 euros al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, y de 50.900 euros a José Luis Llorente Herrero, incluido como 'intruso' en la empresa 'Aglomerados Morell' a pesar de que nunca había trabajado en la misma.

En un auto dictado el 29 de julio y notificado ahora a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, impone una fianza civil de sólo 3.000 euros al exdelegado de la Junta al tener en cuenta que devolvió en su día los 36.000 euros percibidos por su inclusión en el ERE de la empresa Calderinox a pesar de no haber trabajado nunca en la misma.

Al hilo de ello, la magistrada señala que, "en la medida que consignó las prestaciones recibidas con bastante anterioridad a su declaración judicial y una vez conocida su imputación, no resulta procedente calcular el tercio" legal previsto "sobre la base de una cantidad ya consignada", por lo que fija la fianza civil en 3.000 euros a fin de hacer frente a "las posibles responsabilidades pecuniarias, intereses y costas que pudieran devengarse".

"SECRETISMO"

Respecto a José Luis Llorente Herrero, la juez llama la atención sobre "la apariencia de antijuricidad de su conducta", ya que "llegó a suscribir un contrato falso de trabajo para percibir la ayuda pública", ayuda que "sabía que se le estaba gestionando en un ambiente de discreción o de cierto secretismo, llegando a precisar cuando recibió el dinero público que 'Dios había venido a verlo'".

"Como él era consciente de que había recibido la ayuda pública por ser conocido" de María Ángeles Gala, que fue tramitadora de los expedientes de ayuda en la época de Francisco Javier Guerrero junto a Rocío Sayago Gómez, "no comentó con nadie la percepción de la misma, ni tampoco decidió devolverla cuando conoció el inicio de las presentes actuaciones".

La juez considera que la imposición de esta fianza, y por ende el embargo subsidiario, es una medida "adecuada, eficaz e idónea para salvaguardar la causa del riesgo" de que "se pudiera colocar en situación de insolvencia, haciendo ineficaz una presunta condena a la devolución de las cantidades recibidas, dado el retardo que se prevé en el enjuiciamiento de los hechos".