El sindicato de Enfermería SATSE-Andalucía ha considerado "insuficientes" las medidas de racionalización de las estructuras directivas presentadas por la consejera de Salud, María Jesús Montero, y que implican la reducción de 71 puestos directivos en centros del SAS y en entes públicos no asistenciales.

Para SATSE, "carece de sentido eliminar direcciones gerencias mientras se mantiene la estructura paralela de Unidades de Gestión Clínica y sus cargos directivos que, además de carecer de respaldo legal en los hospitales, cuenta con el rechazo frontal de profesionales y sindicatos".

En este sentido, este sindicato ha señalado en una nota que Salud "se equivoca" en el objetivo de su recorte, ya que "la mejor medida de ahorro pasa por eliminar el modelo de UGC".

Según detalla SATSE, sólo en concepto de productividad, un director de Unidad de Gestión percibe de media 13.288 euros, llegando en algunos casos hasta los 18.000 euros, de forma que eliminando estos cargos de las más de 1.100 unidades de gestión actuales se podrían ahorrar más de 14 millones de euros, casi el triple de los 4,9 millones que la Consejería anunció que ahorra con su plan de ajuste.

Además, continúa SATSE, "se da la circunstancia de que muchas de las funciones de los directores de unidades de gestión ya las realizan otros cargos como los jefes de servicio y de sección, de modo que se están duplicando los gastos".

Como "agravante", apunta a que la designación de los cargos de Unidades de Gestión "se están realizando a dedo o con convocatorias a medida, tal y como han dictaminado ya diversas sentencias, en un intento de colocar a personas afines".

Reducir la investigación

Por otra parte, SATSE tacha de "incomprensible" que se reduzcan las estructuras de Iavante y la Agencia de Calidad Sanitaria, cuya finalidad repercute directamente en el servicio sanitario andaluz, "mientras se mantiene íntegra la Fundación Progreso y Salud".

Aunque reconoce la importancia de los avances en la investigación biomédica en la mejora de la salud de los ciudadanos, considera "éticamente reprobable" que se mantega intacta la estructura de investigación de la Junta de Andalucía "mientras pacientes esperan hasta cuatro días en las observaciones de los hospitales para que se les asigne una cama".

Para este fin, entiende que la Junta de Andalucía debería apelar al Gobierno para que asuma la financiación de toda la investigación biomédica mediante los elementos existentes, como el Instituto de Salud Carlos III, "ya que es incompresible en la coyuntura actual que sean sólo los andaluces los que paguen los avances científicos de los que se benefician todos los españoles".

Por último, lamenta que, "una vez más", la Consejería de Salud y el SAS "hayan optado por ningunear los representantes de los trabajadores ya que, hasta la fecha, nadie ha informado a los sindicatos sobre la aplicación de este plan de reordenación que, entre otras cuestiones, genera muchas dudas sobre las gestión de personal en los centros y las futuras negociaciones de las condiciones laborales".