La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le retire el pasaporte al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Valencianes, Rafael Blasco, por su supuesta implicación en la trama que desvió fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación internacional.

Según han informado fuentes de la causa, el Ministerio Público y una de las acusaciones particulares han solicitado esta medida cautelar durante la declaración de Blasco como imputado ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que instruye el citado proceso, por el que hay 28 imputados y un empresario en prisión.

Fuentes del citado organismo judicial han confirmado que la instructora, Pía Calderón, dará respuesta en los próximos días a esta solicitud de retirada de pasaporte pedida por las acusaciones. Al concluir su comparecencia como imputado, que ha durado nueve horas, los periodistas le han preguntado al respecto, si bien el exconseller únicamente ha dicho que "nadie ha tomado ninguna decisión cautelar" sobre él.

En su comparecencia, Blasco ha defendido la legalidad de las ayudas concedidas a las ONG implicadas en la causa, que según ha dicho fueron fiscalizadas por diferentes instancias públicas. También ha asegurado que no tiene conocimiento ni relación alguna con las irregularidades que supuestamente se cometieron con estos fondos de la Generalitat.

Blasco, a quien se le atribuyen supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y fraude de subvenciones, ha presentado además una declaración patrimonial ante la magistrada que, según él, demuestra que actualmente posee menos bienes que cuando era conseller de Solidaridad.

El exportavoz parlamentario del PPCV, que se ha presentado en el Palacio de Justicia a las 8.15 horas pese a estar citado a las 10.00, se ha desvinculado de la supuesta trama de malversación de fondos y ha negado que tuviera una relación especial con el empresario encarcelado por esta causa, Augusto César Tauroni. S

egún consta en el sumario de la causa, Blasco y Tauroni mantuvieron diferentes conversaciones telefónicas entre mayo de 2011 y marzo de 2012, cuando ya estaban siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia.

La causa fue asumida el pasado mes de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia valenciano debido a la condición de aforado de Blasco, que dimitió como portavoz popular el 3 de octubre sin renunciar a su escaño de diputado autonómico.

Según el sumario, un grupo de ONG —Fundación Cyes, Esperanza sin Fronteras y Asade, entre otras— empleó un sistema de facturación falsa para apropiarse de gran parte de las ayudas que le concedió el Gobierno valenciano para emprender proyectos de cooperación en Guinea Ecuatorial, Camerún, República Dominicana, El Salvador, Haití y Nicaragua.

Para este último país, la Fundación Cyes (que no tiene relación con la constructora del mismo nombre) recibió 1,6 millones de euros para la ejecución de dos iniciativas aprobadas por la Generalitat, si bien, sólo 43.000 euros llegaron a su destino.

La juez de instrucción trasladó la causa al Tribunal Superior de Justicia considerando que existían "sólidos indicios" de la participación de Blasco en esta trama. "Creo que, después de 25 meses de linchamiento público y mediático, sin que se haya respetado mi presunción de inocencia ni el derecho a un juicio justo, he podido demostrar que mi acusación no tiene objeto alguno", ha manifestado el exconseller al concluir su comparencia.

"He podido defenderme, y estoy convencido de que mi declaración ha servido para quitar cualquier sombra de duda sobre mi honorabilidad y mi actuación en la etapa en la que fui conseller de Solidaridad", ha añadido.