El Gobierno de María Dolores de Cospedal ha dado este jueves luz verde al nuevo Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha, un texto con el que el Ejecutivo regional pretende actualizar y reordenar unos precios que se han quedado "obsoletos" y que supondrá 10,5 millones más para los arcas regionales excluyendo las tasas del juego.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, que ha comparecido junto al portavoz del Ejecutivo, Leandro Esteban, para dar cuenta de los acuerdos que ha aprobado el Consejo de Gobierno, anuncio que adelantó ayer Europa Press.

El responsable regional de Hacienda, que ha insistido no obstante en que el objetivo recaudatorio "es complementario y no el principal", ha explicado que excluyendo las tasas del juego, se pasará de recaudar 24,5 millones a un total de 35 millones, lo que supone un aumento de 10,5 millones de euros.

Según Romaní, el proyecto que está en vigor data de 1985 y, aunque ha sufrido alguna modificación, en la actualidad en Castilla-La Mancha hay "dispersión normativa y poca transparencia y claridad", una situación que hace necesario reordenar y actualizar esos precios, ajustándolos al coste real del servicio.

Además, ha proseguido, dicha norma "obsoleta" recogía servicios que no se prestaban y, por contra, no incluía otros vigentes en la actualidad, por lo que el Proyecto de Ley recoge una encomienda al Consejo de Gobierno para que en seis meses redacte un único texto articulado que recoja todas las tasas.

Esta iniciativa, que va a generar "más seguridad jurídica, más transparencia y claridad", contempla también la implantación de un documento de pago único para la posible exacción de las tasas y precios públicos, un impreso que estará disponible vía Internet, ha apuntado el consejero.

Dicho esto, ha determinado que será cada consejería del Gobierno regional la que gestione y apruebe el coste de los precios públicos en el momento que considere.

Tasas concretas

A preguntas de los medios, Arturo Romaní ha indicado que la "practica totalidad" del aumento recaudatorio, se debe a la tasa por inspección sanitaria de locales, de carácter "muy especifico" y que, además, ya existía con anterioridad, pero que "no se aplicaba de forma homogénea en todo el territorio de la comunidad autónoma".

"Lo que se ha hecho es regular la tasa, acomodarla a los servicios que se prestan actualmente y establecer unos importes que se acerquen al coste del servicio que case con el resto de las tasas", ha manifestado.

De igual modo, ha detallado que la mayoría de estas tasas no afectan a la generalidad de los castellano-manchego, pues se refieren a servicios "eminentemente técnicos" que prestan las consejerías.

Es el caso de la tasa por la autorización de emisión de gases de efecto invernadero, de la tasa de autorización de instalación de gestión de residuos o de la tasa por modificación de Declaración de Impacto Ambiental, que afectan a la Consejería de Agricultura.

De igual modo, Romaní ha hablado de la tasa por prestación de servicios en los laboratorios de la Consejería de Fomento, de tasas por autorizaciones, verificaciones técnicas, inscripciones en registros especiales, acreditaciones, licencias, servicios o certificaciones.