Los abogados sevillanos vinculados al servicio que permite a los presos de las centros penitenciarios recibir orientación y asistencia jurídica de forma gratuita se concentrarán este jueves con sus togas frente a la sede de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para protestar por la "suspensión" de este servicio el pasado mes de abril y pedir que se vuelva a poner en marcha.

En este sentido, los convocantes han informado a Europa Press de que la concentración tendrá lugar este jueves, a partir de las 13,00 horas, frente a la sede de la Consejería del ramo, y en la misma los letrados sevillanos adscritos a este servicio de asistencia jurídica penitenciaria pedirán una reunión al consejero, Emilio de Llera, para tratar el "restablecimiento" de dicho servicio.

El pasado mes de mayo, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, mostró su "sorpresa" y "preocupación" por la suspensión del servicio de orientación jurídica penitenciaria en Andalucía, y urgió al Gobierno central a su restablecimiento, ya que su suspensión "implica una restricción" de los derechos de los internos en las cárceles andaluzas.

Al hilo de ello, informó de que este servicio, que venía prestándose desde 2008 gracias al convenio suscrito entre el Ministerio del Interior, la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, fue suspendido al estar pendiente la renovación del acuerdo por parte del Ministerio del Interior.

De su lado, De Llera mostró en junio su compromiso para seguir prestando este servicio, si bien señaló que el Ministerio del Interior debe dar su autorización mediante la firma de una ampliación del convenio, que además prevé conferir a este servicio carácter indefinido.

Pendientes del gobierno central

Según el consejero, la voluntad del Gobierno andaluz respecto a la orientación y asistencia jurídica penitenciaria es continuar manteniendo este servicio "que tantos resultados positivos y que se ha convertido en un factor determinante para la pacificación de la población reclusa y para la mejora de la convivencia en estos centros".

Por este motivo, instó al Gobierno central a que agilizara la firma de ese anexo del convenio, o bien, buscar alguna fórmula legal alternativa que permitiera desbloquear el conflicto y dar continuidad a este servicio de forma permanente.

La propuesta para hacer indefinido este servicio la tiene en su poder el Ministerio del Interior desde noviembre de 2011, firmada ya por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y por el propio Gobierno andaluz. La Consejería de Justicia e Interior se vio obligada a suspender el servicio el pasado mes de abril al no tener firmado el citado convenio por parte del Gobierno central.