El abogado que ejerce la acusación en nombre del PP en el caso del presunto intento de cohecho en Mercasevilla ha solicitado al magistrado presidente que, de oficio, deduzca testimonio por un presunto delito de prevaricación cometido en la concesión de la subvención de 900.000 euros a favor del merca para crear una escuela de hostelería.

El letrado ha expuesto su informe final y ha pedido al magistrado presidente, Ángel Márquez, que actúe de oficio y deduzca testimonio contra los cuatro acusados en esta causa y otros funcionarios que habrían participado en la tramitación de la subvención.

Posteriormente, y a preguntas de los periodistas, el letrado ha explicado que la petición de deducción de testimonio por supuesta prevaricación iría dirigida, además de contra los cuatro acusados, contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la funcionaria, la jefa de sección y la exdirectora general de Formación para el Empleo.

A juicio del abogado del PP, "el cohecho es el final, el último tramo de unos hechos perfectamente predeterminados", ya que "desde un principio todo estaba perfectamente organizado" para la concesión de la subvención, por lo que ha anunciado que, por su parte, se reservan el derecho a ejercer las acciones judiciales oportunas.

Al hilo, ha insistido en decir que el delito de cohecho "es un fin o una consecuencia de unos hechos anteriores", es decir, todo "era algo organizado para exigir una dádiva, una recompensa", punto en el que ha comparado este caso con el del exdirector general de la Guardia Civil Juan Roldán, donde se "adulteró" el procedimiento de contrataciones y se "exigió una comisión". "Sólo hay que cambiar el término contratos públicos por subvenciones", ha señalado.

La grabación

A continuación, ha pasado a analizar el papel de los exdirectivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce; el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y la funcionaria Regla Pereira.

Respecto a Mellet y Ponce, ha aseverado que las pruebas de cargo contra ellos "son abrumadoras y más que suficientes", haciendo alusión en este sentido a la grabación de los empresarios donde se pide supuestamente la comisión. Así, ha defendido su validez, ratificada por "todas las instancias judiciales", e incluso ha puesto de manifiesto que, "si no hubiera sido legal, el magistrado presidente no hubiera permitido que el jurado la escuchara".

Asimismo, y en cuanto a Pereira, ha dicho que "se ha presentado como una simple secretaria, y ello no es cierto", ya que "fue directora de Infraestructuras de Mercasevilla y no cobraba como una secretaria", a lo que se suma que "tenía su mando dentro de Mercasevilla y de la Fundación".

Regla pereira "estaba en el ajo"

Ha explicado que la prueba de cargo contra la acusada es la declaración de uno de los empresarios, que dijo que Pereira estuvo presente en la reunión del 16 de enero de 2009 y se enteró de la petición de la comisión por parte de Ponce, y ha agregado que la imputada "no era una persona que pasaba por allí y que se coló en una reunión".

Pereira "era la persona de confianza de Mellet, y en la Fundación no se movía un sólo papel que no fuera autorizado" por la acusada, ha señalado el abogado del PP, que ha agregado, en conclusión, que todos estos hechos "son prueba de cargo más que suficiente para que el veredicto de culpabilidad sea posible".

"¿Por qué se negó a reconocer las voces de Mellet y Ponce en la grabación? Sólo tengo una explicación, y es que ella también estaba en el ajo y participó en la exigencia de la comisión", ha aseverado el letrado, que, en relación a Rivas, ha indicado que desde el año 2006 "ha estado participando en todos los pasos que se han ido dando para la concesión de la subvención". "Si no tenía nada que ver con la subvención, ¿cómo es que casi la concede?", se ha cuestionado.

El papel "omnipresente" de rivas

Al hilo de ello, ha puesto de manifiesto que "había una intención clara de que Rivas otorgara la subvención, pero alguien le advirtió de que la competencia era" del entonces consejero de Empleo, tras lo que ha señalado, además, que Rivas "habría dispuesto que se exigiera una comisión de 300.000 euros".

Rivas "era el omnipresente en todo, a pesar de que dice que no tenía competencias y que era un simple delegado provincial", ha dicho el abogado del PP, que ha concluido afirmando que todo ello "es más que suficiente para que se considere que existe prueba de cargo contra los cuatro".

A continuación, ha intervenido el abogado de Mellet, quien ha solicitado al juez la aplicación del artículo 49 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y que se excluya del veredicto a su cliente al entender que la prueba de cargo contra él "es inexistente", ya que "no estamos ante una petición de dádiva, sino ante la conclusión de un negocio".

"hay elementos de prueba suficientes"

A esta petición se han sumado los letrados de Rivas y de Pereira, aunque no así el de Ponce. Así, el abogado de Rivas ha pedido excluirlo del veredicto al entender que "no existe prueba de cargo", aunque ha adelantado que, en caso de que el juez rechace esta petición, iba a sentir una "gran alegría" porque los "perjuicios" sufridos por el acusado "sólo se pueden compensar con un veredicto de inocencia".

El magistrado ha rechazado las peticiones de los letrados argumentando que "no es normal" que se solicite algo así en un juicio con jurado y que él lo podía haber hecho de oficio, algo que no ha hecho porque cree que "hay elementos de prueba suficientes para que el jurado las valore".

Tras ello, y en su informe final, el abogado de Mellet ha insistido en que la grabación "vulnera los derechos fundamentales" de su cliente y ha puesto en duda la "credibilidad" de los empresarios, aseverando que "no hay mordida ni intención de trincar, sino que se llega a un acuerdo".

"JUSTOS,

No justicieros"

Además, "y por la situación pasa y sigue pasando Mellet", el letrado ha pedido que se impongan las costas del juicio a las acusaciones que ejercen el PP y la Fundación.

De su lado, el abogado de Ponce ha señalado que se trata de un juicio "histórico" detrás del cual "hay un trasfondo político", aseverando que Mercasevilla "no es el germen de la corrupción", ya que esta es una cuestión "inflada y mediatizada por intereses partidistas de uno y otro", por lo que ha pedido al jurado que "sea justo y no justiciero".

Asimismo, ha subrayado que se trata de una "negociación para la colaboración en un proyecto" entre los imputados y los empresarios, "que en ningún caso tenían la más mínima intención de denunciar" y que "pretendían que, en vez de dos, les costara uno", por lo que "pretendían sacar un provecho ilegítimo". "Aquí no hay una extorsión, sino una simple y clara negociación", ha reiterado.

"MANGAZO"

El letrado ha señalado que, en caso de ser considerado culpable, las consecuencias para Ponce no serían "una tontería", pues "estamos hablando de 900.000 euros y en caso de impago perdería su casa e iría a prisión".

Por último, el abogado de Pereira ha asegurado que "no tenemos una sola prueba contra" su cliente y ha mostrado su "sorpresa" por que el fiscal "no respete su presunción de inocencia", criticando que las acusaciones de PP y Fundación "han sido desleales procesalmente y han actuado con mala fe desde el primer día hasta hoy".

"El PP tiene un interés político, pero se ha quitado la careta y ha hecho dos juicios en uno, haciendo creer que todo era un mangazo", ha afirmado, defendiendo que Pereira "era la secretaria, pero no tenía poder de decisión" y "participó en la tramitación de la subvención como participó en otras". "Le han destrozado la vida", ha concluido, pidiendo un veredicto de no culpabilidad.

El juicio continuará este jueves con el informe final del abogado de Antonio Rivas.