Cifran en 6,6 millones el coste en reclamaciones que podría asumir Salud por la sentencia del TSJA sobre farmacias

La asesoría jurídica, laboral y contable especializada en temas farmacéuticos 'TSL Consultores' ha advertido este miércoles de que la Administración sanitaria andaluza podría tener que hacer frente al pago de 6,62 millones de euros "en concepto de responsabilidad patrimonial" derivada del proceso jurídico al que podría verse sometida la Junta por la totalidad de afectados por el proceso de concurso y adjudicación de farmacias.

La asesoría jurídica, laboral y contable especializada en temas farmacéuticos 'TSL Consultores' ha advertido este miércoles de que la Administración sanitaria andaluza podría tener que hacer frente al pago de 6,62 millones de euros "en concepto de responsabilidad patrimonial" derivada del proceso jurídico al que podría verse sometida la Junta por la totalidad de afectados por el proceso de concurso y adjudicación de farmacias.

En declaraciones a Europa Press, la letrada de esta asesoría Ana Sarmiento, ha aclarado que este potencial escenario puede darse como una opción en el caso de que finalmente la Junta no recurra al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha declarado nulo el Artículo 4.4 de la Orden de 8 de abril de 2010 por la que se convoca concurso público para la adjudicación de oficinas de farmacia.

Sarmiento, quien ha detallado que defienden los intereses laborales de 70 de los 313 farmacéuticos que hasta la fecha han conseguido ser adjudicatarios de una nueva botica —aún quedan pendientes 61 de la tercera fase—, ha detallado que esos 6,62 millones suponen "un cálculo mínimo aproximado" del importe global al que tendría que hacer frente la Junta "en caso de anulación definitivo del concurso de farmacias de Andalucía".

Según ha esbozado, dicho cálculo estimativo se basa en algunos de los perjuicios económicos "reclamables a la Administración" que se ocasionarían a los adjudicatarios de las fases primera y segunda del concurso, "así como en la devolución de las tasas e intereses".

Por las reclamaciones de los farmacéuticos de la primera fase y demás titulares de farmacia, esta asesoría ha calculado que la Junta puede tener que hacer frente en su conjunto a 4,57 millones de euros.

"Esta cantidad se extrae de la pérdida de oportunidad de venta de los titulares de farmacia desde abril de 2010 (fecha de entrada de la orden), así como depreciación de la licencia en los últimos años", ha explicado esta letrada, quien ha dicho que los 4,57 millones "salen del cálculo estimado de un precio de venta de farmacia de 75.000 euros para un total de 61 farmacias".

Respecto a los 75.000 euros de precio de venta de una farmacia, ha precisado a Europa Press que esta cantidad se extrae, "teniendo en cuenta que hablamos de farmacias situadas en núcleos rurales de menos de 1.000 habitantes y del cálculo medio de facturación hecho en los ejercicios 2010 y 2011 en algunas de esta farmacias".

A estos 4,57 millones de montante total de la primera fase, Sarmiento agrega los gastos en que hayan incurrido los adjudicatarios de la primera y segunda fase en relación con el local. En este segundo grupo habría ya un total de 313 adjudicatarios, "y por tanto perjudicados".

Según ha dicho, la orden de la Junta "no daba preferencia a nadie en la designación del local, por lo que muchos adjudicatarios se veían obligados a tener ya la disponibilidad jurídica del mismo", ascendiendo la cantidad ahora potencialmente reclamable en 939.000.

A esas dos grandes cantidades, fijan además un tercer montante de 56.340 euros en concepto de transporte y hospedaje para el acto de ratificación de la adjudicación en Sevilla; así como poco más de un millón de euros más intereses en concepto de devolución de tasas de las 2.900 solicitudes. Las tasas ascendían por persona a 363 euros.

"Todo estos conceptos dan un importe total de 6,62 millones de euros", ha advertido esta especialista, quien ha aclarado que ante la sentencia del TSJA a la Junta le quedan dos posibles escenarios. "Un primer escenario es recurrir al Supremo la sentencia del TSJA para intentar que todo el proceso de adjudicación no se venga abajo, mientras que el segundo de los escenarios posibles es acatar la sentencia del TSJA".

Sobre este segundo escenario, ha enjuiciado a Europa Press que a la Junta le quedaría, en su opinión, dos vías; "entender que sólo tienen derechos a acceder de nuevo al proceso los mayores de 65 años que recurrieron la orden ante el TSJA y que ahora les ha dado la razón, o volver a la situación previa de 2010 (anterior a la orden), por lo que se tendría que repetir de nuevo todo el proceso".

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