La Junta de Andalucía, a través de la Consejeria de Administración Local y Relaciones Institucionales, ha materializado el último pago a los ayuntamientos con cargo al Programa de Transición al Empleo (Proteja) correspondiente al ejercicio 2010, por un importe total de 20.841.474 euros.

Según los datos difundidos este miércoles por el departamento que dirige Diego Valderas, la provincia que ha recibido un mayor importe en este último pago ha sido Málaga, con 6.020.657 euros, seguida por Sevilla, con 4.778.635 euros; Cádiz, con 3.356.685 euros; Almería, con 2.362.052 euros; Córdoba, con 1.360.778 euros; Jaén, con 1.247.415 euros; Granada, con 1.012.245 euros; y Huelva, con 693.004 euros.

El Proteja 2010 ha supuesto una inversión global superior a los 203 millones de euros para financiar contratos por obras y servicios en los municipios. Por provincias en Almería se ha materializado un pago global de 17.361.290 euros; en Cádiz de 35.049.748 euros; en Córdoba de 18.646.099 euros; en Granada de 22.351.614 euros; en Huelva de 13.861.652 euros; en Jaén de 14.356.672; en Málaga de 37.831.137 euros, y en Sevilla de 43.882.771 euros.

Estos fondos se han destinado a la construcción, reconstrucción, mejora, adecuación, rehabilitación, restauración y conservación de infraestructuras, edificios e instalaciones de titularidad pública destinados a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, preferentemente sanitarios, educativos, culturales y servicios sociales.

Asimismo, también se contemplaban trabajos de rehabilitación, acondicionamiento y mejora de los espacios destinados a la localización de empresas, como parques y polígonos empresariales, incluidas las dotaciones de usos comunes y sociales en los mismos; las obras dirigidas a la mejora de la accesibilidad, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación, las relacionadas con la gestión de residuos urbanos, las orientadas a impulsar el ahorro, la eficiencia energética y la utilización de energías renovables; las obras de conservación y mantenimiento del patrimonio municipal e histórico de los municipios o actuaciones destinadas a la prevención de incendios y obras de creación, desarrollo y mejora de infraestructuras tecnológicas y de innovación.

Según la Junta, el plan se diseñó teniendo en cuenta "las dificultades económicas" que podían afectar a los contratistas, por lo que se estableció la obligación de que las entidades beneficiarias, ayuntamientos y diputaciones, abonasen el precio de las obras dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato, siempre que estas certificaciones resultasen conformes, y con la previa verificación del cumplimiento por los contratistas de sus obligaciones salariales y de seguridad social adquiridas por la contratación de nuevos empleados.