El Gobierno catalán ha recalcado este martes que el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el artículo de la Ley Catalana del Estatuto del Consumidor de 1993 "que ya estaba derogada", por lo que las sanciones lingüísticas en Cataluña van a continuar.

"Se han pronunciado sobre una cosa que ya no existía. Es como si el médico hace un diagnóstico y da unos resultados de una persona que está muerta", ha declarado este martes el portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, horas después de que el TC haya declarado nulo un artículo relativo a sanciones por no informar en catalán a los consumidores, y que hacen referencia a "una normativa que ya no es vigente".

Homs ha considerado paradójico que el TC declare una ley que no es válida, lo que a su juicio pone en evidencia su funcionamiento, y ha ironizado: "Como el TC es tan rápido y veloz, ha dictaminado sobre una ley de 1993 que ya no está en vigor".

El portavoz del Ejecutivo ha precisado que el posicionamiento del alto tribunal se limita "a la capacidad sancionadora" de la Generalitat y no a otros aspectos que recogía esta normativa catalana.

En cualquier caso, el Parlamento catalán aprobó en 2010, a finales de la anterior legislatura, el Código de Consumo vigente en la actualidad, que también establece sanciones, y que por este motivo fue también recurrido.