La Diputación de Gipuzkoa exigirá a las empresas que cumplan el convenio laboral en todas las obras públicas forales con el objetivo de "garantizar las condiciones laborales de los trabajadores" y hacer frente a las reformas laborales que "se quieren imponer desde Madrid", según ha explicado la portavoz, Larraitz Ugarte.

En una rueda de prensa, Ugarte ha señalado que la contratación pública permite a las administraciones disponer de "un eficaz instrumento de lucha contra la precariedad laboral que obligue a las empresas que deseen participar en las licitaciones de obra pública que promueva esta Diputación Foral a cumplir condiciones laborales dignas y seguras con su personal".

Por ello, el Consejo de Diputados ha aprobado este martes incorporar en todos los procedimientos de contratación de obra pública que apruebe la Diputación una cláusula en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo que exija a todos los contratistas adjudicatarios el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y, expresamente, que se someta a un "estricto cumplimiento" del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa.

Ugarte ha detallado que en los pliegos de los contratos de obra se incluirá un nuevo subapartado para indicar que la ejecución del contrato estará "sometida al cumplimiento de las condiciones de trabajo, de seguridad social y de seguridad y salud laboral en vigor".

El contratista deberá cumplir las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. Como elemento de control de esta condición se ha establecido que si una empresa, al realizar su oferta económica, está cerca de los que se puede considerar una "baja temeraria" (un 10% menos de la media de todas las ofertas recibidas), la Diputación solicitará a la empresa que licita informes para probar que se cumplen todos los requisitos del convenio.

Seguridad laboral

Con ello, la institución foral quiere asegurar que las ofertas económicas ventajosas "no se realizan a costa del salario y las condiciones de los trabajadores". La empresa deberá cumplir, asimismo, todas las condiciones en materia de seguridad laboral y cumplir con toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud.

Además, el cumplimiento de las cláusulas recaerá tanto sobre las empresas adjudicatarias como en las empresas subcontratadas y acreditar que en la ejecución de las obras aplican asimismo las citadas disposiciones vigentes en materia laboral y, más concretamente, las condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa.

Las empresas contratistas y subcontratistas deberán igualmente cumplir los requisitos de calidad en el empleo en cuanto a porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido y en cuanto a formación de recursos humanos en materia de prevención de riesgos laborales.

La portavoz foral ha señalado que se han introducido también otras obligaciones de carácter social, que consisten en la obligación de aplicar, al realizar la prestación, un Plan de Igualdad, el establecimiento de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución de este contrato.

IGUALDAD

Asimismo, se exigirá la contratación de, por lo menos, una mujer, cuando haya que hacer una nueva contratación (también se puede transformar en indefinido el contrato temporal de una trabajadora), siempre y cuando el número de trabajadoras de la plantilla sea inferior al 40 por ciento.

Otras de las disposiciones tienen como objetivo la inserción laboral de personas que tienen dificultades para ello. Por ejemplo, a la hora de la adjudicación, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia aquellas empresas que cuenten en su plantilla con un 2 por ciento de trabajadores con alguna incapacidad.

Ugarte ha precisado que el contratista adjudicatario deberá permitir el acceso a las obras de los representantes de las organizaciones sindicales representativas en el ámbito del sector de la construcción de Gipuzkoa para llevar a cabo labores de comprobación del cumplimiento de la normativa.

Además, los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en este apartado serán por cuenta del adjudicatario y estarán incluidos en el precio ofertado para la ejecución del contrato.

La diputada de Infraestructuras Viarias ha advertido de que el incumplimiento estas obligaciones podrá suponer la imposición de multas económicas (proporcionales a la gravedad del incumplimiento y cuya cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato). Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía.

Finalmente, ha señalado que todo este trabajo la Diputación lo ha llevado a cabo en colaboración con los sindicatos, la plataforma de parados de la construcción de Gipuzkoa y la asociación Ascongui de Adegi, con la que mantienen buena relación. Además, ha afirmado que la institución foral prevé insertar estas medidas en otros departamentos, algo que ya se está trabajando en el área de Política Social.