El juez admite a trámite la querella de Pérez Giménez contra sus administradores concursales

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Posadas (Córdoba) ha admitido a trámite la querella que había presentado el pasado septiembre el administrador único de Laboratorios Pérez Giménez, Sergio Martínez, contra los cinco administradores concursales de su empresa y contra el exdirector financiero de la misma, por la presunta comisión de los delitos de "amenazas, coacciones y revelación de secretos".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Posadas (Córdoba) ha admitido a trámite la querella que había presentado el pasado septiembre el administrador único de Laboratorios Pérez Giménez, Sergio Martínez, contra los cinco administradores concursales de su empresa y contra el exdirector financiero de la misma, por la presunta comisión de los delitos de "amenazas, coacciones y revelación de secretos".

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, así lo ha dictaminado el juzgado maleno, el cual ha acordado que el administrador único de la citada empresa farmacéutica debe ratificarse ahora en el contenido de la querella, que ya ha sido admitida a trámite. También ha determinado el juzgado que se informe a los administradores concursales y al exdirector financiero de Pérez Giménez de las actuaciones iniciadas por el propio juzgado, a fin de que decidan sobre su personación legal en el procedimiento.

En la querella, ya admitida a trámite por el Juzgado maleno y a la que ha accedido Europa Press, se afirma que "los querellados están intentando, de manera ilegítima, enajenar la empresa Laboratorios Pérez Giménez a terceros inversores, cuando en el proceso concursal no se ha entrado en fase de liquidación. Esto constituye una aberración jurídico-mercantil con la que se pretende despojar de todo el patrimonio a la empresa perjudicando además a todos los acreedores, ya que nos encontramos en la fase común del concurso", que fue instado de forma voluntaria por la farmacéutica, radicada en Almodóvar del Río (Córdoba).

También se argumenta en la querella por el procurador del administrador único que, "en esta fase común (del concurso) todos los esfuerzos deberían ir encaminados a satisfacer los créditos impagados mediante la conservación de la actividad empresarial, a través de un convenio que proponga o acepte la empresa concursada; esto es, a realizar todos los esfuerzos posibles por mantener la viabilidad de la actividad comercial y mercantil de la empresa".

Sin embargo, Martínez entiende que, "para forzar la liquidación de la empresa, los administradores concursales han venido adoptando decisiones que entorpecen e impiden la contratación con clientes, es decir, las ventas; ponen trabas en las negociaciones con inversores que se interesan en contribuir a soluciones conservativas hasta hacerlos desistir y han ralentizado las negociaciones con los trabajadores en la tramitación del expediente de regulación de empleo".

De hecho, en opinión del administrador único de Pérez Giménez, "la actual regulación del proceso concursal introduce un riesgo cierto de crear en los administradores concursales un interés espurio en llevar a liquidación la empresa, para poder negociar ellos directamente su venta con terceros interesados".

Así, a pesar de que el querellante "es el único que en la fase actual podría cerrar acuerdos para articular una propuesta de convenio, los administradores concursales han negociado la venta de la empresa en beneficio propio, sin comunicar nada a Sergio Martínez", el cual ha llegado a tener conocimiento de que los administradores concursales "han estado negociando, a través de personas interpuestas y a espaldas del administrador único, con varios empresarios en Córdoba y en Madrid".

Esto es, según lo relata el administrador único, "lo que está aconteciendo en Laboratorios Pérez Giménez. Los administradores concursales, contra los que interponemos esta querella, dentro de ese ilegítimo objetivo que se han marcado, se han concertado con el director financiero despedido, también querellado", de tal forma que, "por una parte, éste ofrezca información interna de la empresa a los eventuales adquirentes, y por otra parte para que, una vez hayan forzado la declaración de liquidación de la empresa, quede" el ex director financiero "al frente de los laboratorios, en sustitución de los órganos de gobierno" actuales.

Sin embargo, uno de los empresarios con los que supuestamente han negociado los administradores concursales para hacerse con el control de los laboratorios informó de ello al administrador único de la empresa, la cual despidió al citado director financiero el pasado mayo, momento a partir del cual "se ha hecho patente la intención de los administradores concursales" de que han pretendido hacerse con la empresa, con la colaboración de terceros (inversores externos) y gracias a la información confidencial que, sobre la empresa, les facilitaba el ex director financiero, cometiendo supuestamente, con colaboración con los administradores concursales, un delito de revelación de secretos.

Por eso, según se destaca en la querella, "para evitar las inconveniencias que supone ese despido para sus planes, han cometido, de manera instrumental", además, "los delitos de amenazas y coacciones", conminando al administrador único a readmitir al ex directivo, para evitarse "futuros problemas", en caso de "desoír la sugerencia", pues ello podría llevarles a "sacrificar una ficha".

A ello se suma que, el pasado julio, los administradores concursales "cumplieron sus amenazas de 'sacrificar una ficha' y de 'crear problemas', pues, delante del querellante y del comité de empresa, notificaron por escrito a la responsable del área de coordinación su arbitraria e ilegítima decisión de extinguir su relación laboral, alegando falsamente" que era personal de alta dirección, "cosa que no es y nunca ha sido", y ello "con la pervertida intención de utilizar en fraude de ley la facultad de extinguir contratos de alta dirección que atribuye a la Administración Concursal el artículo 65 de la Ley Concusal".

Además, según se detalla en la querella, "tras comunicar el despido" a la responsable de coordinación, los administradores concursales convocaron "a todos los directores de área y les informan que un momento antes han echado" a la citada responsable de área "en represalia porque Sergio Martínez había despedido a personas de su confianza" y que "están adoptando las medidas precisas para destituir a Sergio Martínez", advirtiendo a los trabajadores y directores de área que, "los que se porten bien", podrán continuar en su puesto, "aunque no todos", "cuando echen al administrador único".

Marido de la jueza alaya

Por otro lado, el delegado sindical de UGT en Laboratorios Pérez Giménez, José Ruiz, ha dicho, en declaraciones a Europa Press, que a los trabajadores "no les parece lógico" que, el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba que tramita el concurso de acreedores de la farmacéutica se pueda estar planteando "apartar al administrador único (Sergio Martínez), mientras mantiene a los administradores concursales, cuando otro juzgado ha admitido a trámite una querella contra éstos últimos, siendo uno de ellos el marido de la juez Mercedes Alaya", que investiga la trama de los ERE.

Además, según ha recordado el sindicalista, "uno de los imputados en el caso de los ERE es José Enrique Rosendo", que es accionista del Grupo Tecris, el cual controlaba Laboratorios Pérez Giménez hasta la llegada de Sergio Martínez, "y mientras tanto, los trabajadores vemos que no cobramos", entre otras razones porque la acción de los administradores concursales tiene como resultado "la ralentización de los contratos (para fabricar medicamentos) que intenta cerrar el administrador único".

"Tampoco entra materia prima —ha proseguido Ruiz—, aún habiendo dinero en caja, y a ello se suma que tenemos clientes que están pendientes de que se les sirvan pedidos, es decir, no tendría sentido que se aparte al administrador único, que es quien está tirando de la empresa, y que se mantenga a los administradores concursales actuales".

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