El Ministerio Fiscal ha reclamado en la primera jornada del juicio por la marea negra provocada por el hundimiento del petrolero Prestige en 2002 indemnizaciones por los daños causados que suman más de 4.000 millones de euros, elevando así notablemente su petición inicial.

El fiscal especial de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha justificado esta petición en un informe elaborado por expertos de la Universidad de Santiago de Compostela bajo la dirección de María Loureiro, que fija el alcance de los daños en 3.862,42 millones solo para España, a los que habría que sumar las compensaciones para Francia.

En total, dicho informe, que la Fiscalía considera "uno de los más completos estudios mundiales de evaluación del daño ambiental", cuantifica la catástrofe causada por el vertido de 64.000 toneladas de fueloil pesado en 4.121,64 millones, frente a los 2.233,76 reclamados inicialmente.

Los expertos consideran que esa es la cuantía económica adecuada para compensar los notables daños causados, especialmente en sectores como el pesquero en uno de los principales caladeros del Atlántico, que quedó afectado durante años y registró un notable descenso de las capturas.

La defensa de Apostolos Manguras, capitán del petrolero Prestige, principal acusado por el vertido en noviembre de 2002 de más de 67.000 toneladas de fueloil pesado frente a las costas gallegas, ha reclamado este martes, en la apertura del juicio por esta catástrofe medioambiental, la "nulidad" de la causa al entender que "no se garantizaron derechos fundamentales" de su patrocinado.

El letrado José María Ruiz Soroa, que representa en la causa a Manguras, ha advertido ante el tribunal de numerosas irregularidades en el proceso que comenzaron con la entrada a bordo del Prestige de personal de las administraciones españoles sin la autorización judicial pertinente.

Además, ha precisado que en la vista que ha comenzado en A Coruña también se está dirimiendo el estado del buque, un monocasco de 277 metros de eslora construido en 1977, sin que ninguna de las partes que ejercen la acusación haya demostrado que la nave naufragara debido a la falta de mantenimiento y otras carencias.

Para el letrado, esta cuestión es de enorme relevancia en el proceso porque buena parte de las acusaciones se basan en esta premisa, y ha insistido en que hasta el momento no se han aportado pruebas en ese sentido.

Ruiz Soroa ha sostenido que se obtuvieron pruebas con la "violación de derechos fundamentales" y que, por lo tanto, son "ilícitas" e "irregulares".

También ha recordado que desde el 13 al 19 de noviembre de 2002, cuando el barco navegó con rumbo errático frente a las costas gallegas, se tomaron una serie de medidas que en ningún caso estaban respaldadas por la autoridad judicial.

El abogado ha recalcado que en ningún momento el buque estuvo abandonado ya que en todo momento se encontraron a bordo su capitán o miembros de la empresa rescatadora contratada por el armador. También ha denunciado que se retiraron documentos del barco cuando el capitán ya había sido detenido y que "no hubo garantías en la cadena de custodia" de los mismos.

Ha añadido que a partir del 14 de noviembre de 2002 las autoridades españolas asumieron el control del barco y tomaron decisiones "equivocadas". Ruiz Soroa, que entiende que a su patrocinado solo se le pueden imponer penas pecunarias.

La vista oral para delimitar las responsabilidades de la marea negra provocada por el hundimiento del petrolero Prestige en 2002 ha comenzado a las 9.50 horas de este martes en el recinto ferial ExpoCoruña, en A Coruña (Galicia).

En esta primera jornada el tribunal fijará las indemnizaciones definitivas que se reclamarán por la mayor catástrofe medioambiental que ha sufrido Galicia. El proceso se entenderá durante ocho meses y tendrá un coste de 1,4 millones de euros para la Xunta.

Para su celebración, se ha dispuesto una sala de vistas que ocupará una superficie de más de 450 metros cuadrados, en los que se habilitará un estrado de 200 metros cuadrados. También hay más de 200 asientos para el público y 30 medios de comunicación acreditados. La sala cuenta con sistemas de videoconferencia y habrá un servicio de traducción a cuatro idiomas —inglés, francés, griego y gallego—.

Hasta el mes de noviembre no declararán los acusados, el capitán del Prestige, el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante, y no habrá sentencia, probablemente, hasta septiembre de 2013. La vista ha comenzado con cuestiones procesales y en diciembre comenzarán las declaraciones del más de centenar de testigos, entre ellos el exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil supera los 2.200 millones, aunque un informe pericial de la Fiscalía cuantifica en 3.862,42 millones el impacto ambiental y económico de la catástrofe solo en el caso del Estado español. El sumario cuenta con más de 260.000 folios; en el juicio habrá 55 acusaciones, asistidos por 70 letrados.

En él, una de las cuestiones centrales será el debate sobre si la decisión de alejar el barco fue o no la correcta y la incidencia que tuvo en las dimensiones de la catástrofe, después de que se hiciesen públicas grabaciones de responsables de Salvamento Marítimo planteando el traslado del barco a una zona refugio.

El juicio ha generado expectativas, aunque los afectados ven difícil que se haga justicia tanto tiempo después, algo en lo que coinciden las cofradías de pescadores y otros colectivos como organizaciones ecologistas o el movimiento Nunca Máis, creado tras la catástrofe.

Lo mismo apuntan los afectados en relación al hecho que el único responsable institucional  que estará entre los acusados es el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Sí comparecerá como testigo, entre los 130 citados, el exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.

Con todo, y aunque "el resultado negativo" del juicio contra la clasificadora ABS en EE.UU —donde la firma quedó exenta de pagar la indemnización reclamada por España—, no es para los perjudicados un buen precedente, las partes personadas confían en que el juicio sirva para depurar responsabilidades.

El 13 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige registró una vía de agua en medio de un temporal cuando se encontraba navegando con unas 77.000 toneladas de fuel a 28 millas de Fisterre. Seis días después, el 19 de noviembre, el buque, tras intentar alejarlo de la costa, se partió en dos. A la marea negra del petróleo, le siguió entonces una marea blanca de voluntarios procedentes de todo el mundo para limpiar el petróleo.

Los 70 abogados representan tanto a perjudicados, como es el caso de las 60 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria, como a organizaciones ecologistas y otras surgidas tras la catástrofe, caso de Nunca Máis. Junto a ellos, estarán los letrados de la Abogacía del Estado, de la Xunta de Galicia, de la Diputación de La Coruña, del Estado francés o la Fiscalía, entre otras, además de las defensas.

En cuanto a las reclamaciones, un informe pericial de la Fiscalía cifra en más de 3.800 millones el impacto económico y ambiental, frente a los casi 2.000 que se planteó inicialmente el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Alvaro García Ortiz, solo para el Estado español.

En un juicio con casi un centenar de peritos, lo que más expectación genera es si, finalmente, comparece en el juicio el capitán del buque, Apostolos Mangouras, cuya declaración no será como el resto de los acusados hasta el mes de noviembre.

En concreto, comenzarán a partir del día 13 con tres días de declaración para cada acusado, según las previsiones de la sala que enjuiciará el caso, dos hombres y una mujer.

Junto al capitán, Apostolos Mangouras, están acusados el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto—en paradero desconocido y declarado en rebeldía— por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia.

También lo está el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por delitos contra el medio ambiente y daños, para el que la acusación de Nunca Máis solicita cinco años de prisión. Los demás acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los doce años de prisión, que reclama la Fiscalía para el capitán y los cuatro años de cárcel, que solicitan otras partes personadas.

Como responsables civiles directos, figuran la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de daños por la contaminación de hidrocarburos (Fidac) y como subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, que figuraban como propietarias del barco, y el Estado español.