La Junta de Andalucía prevé ahorrar en Málaga unos 700.000 euros anuales en concepto de alquiler —en torno a los 2,8 millones de euros en el conjunto de la legislatura—. Para ello, el Ejecutivo andaluz está revisando los contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos hasta el momento con el objetivo final de acometer una reestructuración que pase por la unificación de sus sedes administrativas en edificios propios.

"Si somos capaces de reorganizarlo todo, el objetivo es que cuando el plan de unificación de sedes administrativas esté ultimado se alcance un ahorro de unos 700.000 euros al año", según ha señalado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.

En una primera fase, hasta diciembre de este año, la previsión del Ejecutivo autonómico es conseguir un ahorro en la partida presupuestaria destinada a gasto corriente, por concepto de arrendamiento, de en torno a los 250.000 euros y, finalmente, llegar a los 700.000 euros a lo largo de 2013, ha precisado el delegado.

Con este objetivo se trabaja en la unificación de sedes administrativas en inmuebles de titularidad de la Junta de Andalucía, como la antigua sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga, en calle Palestina, o también de propiedad del Estado pero que están pendientes de su transferencia al Ejecutivo andaluz, haciendo referencia Ruiz Espejo al edificio que ocupa la Demarcación de Costas.

En definitiva, el propósito es "buscar a los edificios de titularidad de la Junta de Andalucía un aprovechamiento para que alberguen sedes administrativas y evitar así costes derivados de arrendamientos", ha manifestado, en una entrevista a Europa Press, el representante del Gobierno andaluz en Málaga.

AUSTERIDAD

Ha hecho hincapié, al respecto, en que la Administración regional trabaja "desde la austeridad", dada la actual situación económica, destacando el "esfuerzo" acometido por la Delegación del Gobierno andaluz en los dos meses que lleva al frente de la misma para ahorrar en cuestiones de arrendamientos, desplazamientos, etcétera. "Hay que hacer un uso más racional de los instrumentos con los que contamos", ha afirmado.

Asimismo, Ruiz Espejo ha recordado que la nueva organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía, que reduce de 97 a 49 los altos cargos en el ámbito provincial, supondrá un ahorro económico anual de alrededor de 2,7 millones de euros.

Una reducción que, sin embargo, no se traduce en la disminución de la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, según el representante de la Junta de Andalucía en Málaga, ya que se compensa con "mayor esfuerzo por parte de los delegados, mayor coordinación y mayor delegación".

"Esta nueva situación exige únicamente un trabajo con mayor esfuerzo por parte de los delegados, que tienen que asumir más funciones; una mayor coordinación, porque al existir menos delegados las actividades que realizan tienen que coordinarse dentro de sus departamentos, y un mayor nivel de delegación en determinados funcionarios", ha indicado.

En este sentido, ha insistido en que por parte de todas las delegaciones "se está haciendo un esfuerzo muy importante para mantener el mismo nivel de prestaciones a los ciudadanos y para que la reducción de fondos por la bajada de ingresos y por los recortes del Gobierno central no afecten a esos servicios ni tampoco la falta de liquidez ahogue a los ayuntamientos".

En cuanto a cómo se podrían ver afectadas las empresas públicas ante las exigencias por acogerse la Junta al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y la necesidad de hacer unos presupuestos andaluces para 2013 más restrictivos, Ruiz Espejo no cree que peligren empleos, aunque sí ha opinado que habrá que hacer "ajustes en las cuentas en función de la carga de trabajo que tenga cada entidad".

Unificación de ayuntamientos

Sobre la posibilidad de que el Gobierno central apostara por la agrupación de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para reducir gastos, el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga ha considerado que esa medida no conllevaría un ahorro significativo, sino que, incluso, podría acabar suponiendo, un "encarecimiento".

"Si reunificamos servicios y alejamos su prestación del ciudadano, vamos a bajar la calidad e, incluso, los encarecemos, yendo, además, en contra del principio de subsidiariedad defendido por la Unión Europea", ha expuesto. Asimismo, ha dejado claro que los municipios pequeños son los menos endeudados y "no es donde hay mayor coste en cuanto a los políticos", en tanto que "la mayoría de concejales no cobran y hay alcaldes que tienen mil euros de sueldo".

A juicio de Ruiz Espejo, "poco ahorro se podría conseguir ahí", insistiendo en que "con la centralización se pueden encarecer los servicios y tener, además, un problema de estructura territorial, contribuyendo a la despoblación de determinados territorios".

Sí ha abogado, no obstante, por estudiar "muy bien" la dimensión que tienen determinadas corporaciones, no sólo locales ni tampoco únicamente de municipios pequeños, y sobre todo por analizar "los pros y los contras" del sistema político actual, rechazando su modificación sin contar antes con un modelo que "sepamos que realmente es mejor".