La Audiencia de Valladolid sienta desde el próximo día 20 de noviembre en el banquillo a cuatro personas que podrían ser condenadas a penas de cuatro años de prisión acusadas de cobrar el Estado en 2033 subvenciones por importe superior a los 132.000 euros para el desarrollo de cursillos de formación de fisioterapia y estética que, sin embargo, no llegaron a impartir, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Fiscal califica la conducta de los cuatro acusados de un delito de fraude de subvenciones y solicita para cada uno cuatro años de privación de libertad -el Abogado del Estado pide tres años—, multa de 365.000 euros, la privación del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por espacio de seis años y, en concreto, de responsabilidad civil, el pago directo y solidario de una indemnización de 132.318 euros en favor del Estado, con responsabilidad subsidiaria de Fisioclinic Ciengo S.L. y Carvier Consultoría y Formación S.L.

Los hechos serán sometidos al criterio de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid entre los próximos días 20 y 23 de noviembre y se remontan al mes de septiembre de 2003 cuando los acusados, Conrado C.R. y Eutiquio G.F., propietarios y administradores de Fisioclinic Ciengo S.L., especializada en servicios de fisioterapia y estética en un spa de Valladolid, se "concertaron", según la acusación pública, con los también acusados Francisco José J.C. y Francisco Javier G.C., propietarios y administradores de Carvier Consultoría y Formación S.L., con el propósito de obtener para la primera de ambas mercantiles una subvención pública para la formación de empleados.

Fingen más empleados y más centros

A tal efecto y siempre según la versión del fiscal, tras encargar la realización de los trámites necesarios a la empresa madrileña San Román ESS, los dos primeros acusados presentaron el 15 de septiembre la solicitud de subvención, con la particularidad de que para conseguir una mayor cantidad afirmaron tener un mayor número de empleados y contar con establecimientos en otras ciudades.

Fue el día 9 de diciembre cuando firmaron la aceptación de condiciones y finalmente, en virtud del acuerdo de 29 de diciembre del Patronato de la Fundación Tripartita para la Formación del Empleo —ente colaborador del Ministerio de Trabajo— se concedió a Fisioclinic una ayuda por importe de 132.318 euros.

En dinero fue ingresado el 10 de enero de 2004 en una cuenta que Fisioclinic tenía abierta en Caja España, si bien tres días más tarde la subvención fue transferida a una cuenta de la segunda mercantil supuestamente implicada, Carvier Consultoría y Formación, que era la que supuestamente debía impartir el cursillo de formación.

Así, tras abonar a la empresa madrileña San Román SS la comisión de 22.494 euros por los trámites de intermediación realizados, el acusador público sostiene que los cuatro procesados se repartieron el resto del dinero, en concreto 109.824 euros, sin haber impartido curso alguno.