Alcalde y exalcalde de Alcaudete dicen que fueron "aconsejados por técnicos" en presunta prevaricación

El primer edil de Alcaudete (Jaén), Valeriano Martín (PSOE), y el exalcalde del municipio Francisco Quero (PSOE), han asegurado este martes ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcalá la Real, que les había citado a declarar, que actuaron "aconsejados por los técnicos que les rodeaban" cuando presuntamente llevaron a cabo un delito de prevaricación hace un lustro, según se ha denunciado desde un estudio de arquitectura de Sevilla.

El primer edil de Alcaudete (Jaén), Valeriano Martín (PSOE), y el exalcalde del municipio Francisco Quero (PSOE), han asegurado este martes ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcalá la Real, que les había citado a declarar, que actuaron "aconsejados por los técnicos que les rodeaban" cuando presuntamente llevaron a cabo un delito de prevaricación hace un lustro, según se ha denunciado desde un estudio de arquitectura de Sevilla.

Fuentes cercanas al caso han informado a Europa Press de que Martín, en el cargo como alcalde desde 2009, que ha prestado declaración durante aproximadamente cuatro horas, "ha rechazado cualquier tipo de responsabilidad o prevaricación en el procedimiento", si bien ha afirmado que "en ningún caso ha actuado de mala fe ni intentado perjudicar a nadie".

Un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia con fecha 21 de junio disponía que se abrieran diligencias previas tras aceptarse la denuncia del estudio de arquitectura sevillano, que trabajó con el Consistorio alcaudetense "desde mediados de los 90" informando de que tenía una relación contractual con el mismo que le llevó a diseñar una serie de infraestructuras del planeamiento urbanístico, como una residencia para asistidos.

Así, la empresa denunció que el Consistorio "adjudicó los mismos proyectos a otra empresa, si bien ya habían sido realizados" por la denunciante. En la cita con el juzgado, ambos dirigentes han manifestado que el estudio "incumplió los plazos", algo que la otra parte no comparte, pues considera que "se incumple precisamente porque se exigen modificaciones en un tiempo que era imposible cumplir, aunque, a pesar de ello, el contrato se llega a realizar".

Los llamados a declarar han indicado, según las mismas fuentes, que "se rescindió el contrato con el Ayuntamiento, pasando los trabajos a otros señores", si bien mantienen que "la legalidad del procedimiento administrativo". Además, han negado que se efectuaran "operaciones para perjudicar al representado".

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