Corredor de la muerte
Corredor de la muerte. ARCHIVO

Dos tercios de todos los Estados del mundo dicen no a la pena de muerte. Y cada año más países renuncian a ejecutar, pero todavía hay 20 países que sí la aplican, denuncia Amnistía Internacional, con ocasión del 10º aniversario del Día Mundial contra la pena de muerte, que se celebra este miércoles.

Amnistía Internacional pone de manifiesto la tendencia mundial hacia la abolición de la pena capital. Sin embargo, aún quedan países en los que la pena de muerte es una realidad. En 58 de ellos este castigo es legal y eso significa que más de 20.000 personas están a la espera de ejecución en el mundo.

Entre los países que ejecutan, hay un grupo de cinco irreductibles que aglutina el 90% de las ejecuciones.

Amnistía Internacional denuncia que Arabia Saudí ha triplicado el número de ejecuciones Se trata de China, con miles de ejecuciones cada año -no hay datos concretos ya que las informaciones relacionadas con la pena de muerte se consideran secreto de estado y revelarlas puede conllevar cárcel-; Irán, donde se han producido al menos 182 ejecuciones oficiales hasta septiembre de 2012, 35 de ellas en público, y se tiene sospecha de otras 100 más no confirmadas. En este país se ejecuta a menores y a personas acusadas de adulterio y sodomía; Irak, donde en lo que llevamos de año se han llevado a cabo al menos 102 ejecuciones, muchas de ellas tras procedimientos judiciales irregulares y tras confesiones obtenidas bajo tortura; Estados Unidos, único país del continente americano que sigue aplicando la pena de muerte, con 30 ejecuciones en lo que va de año. Además en Guantánamo, el gobierno intenta que se imponga la pena de muerte a quienes comparecen ante comisiones militares; cuando los detenidos deberían ser sometidos a juicios justos ante tribunales independientes o puestos en libertad; y Arabia Saudí, que en 2011 ejecutó al menos a 82 personas, triplicando el número de ejecuciones con respecto al año anterior.

Por su parte, la Unión Europea (UE) recalcó este martes su rechazo al uso de la pena capital "en todos los casos y bajo cualquier circunstancia", además de asegurar que su abolición universal es uno de los "objetivos clave" de la política comunitaria de derechos humanos.

"La pena capital es una acción cruel, inhumana e irreversible que viola el derecho humano básico a la vida y la dignidad", enfatizó la jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton. Ashton subrayó que, en caso de errores en la justicia, "ante los que ningún sistema legal es inmune", la pena capital representa "una terrible e irreversible pérdida de vida humana".