La portavoz de Política Social del Grupo Socialista en el Parlamento extremeño, Isabel Gil Rosiña, se ha mostrado partidaria de la puesta en marcha en la comunidad de una ley de servicios sociales de "segunda generación" que, según ha reconocido, su partido no puso como "error" en marcha durante su época de gobierno.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno autonómico (GobEx) que haga "lo posible" para que "ningún" ayuntamiento extremeño se quede sin servicios sociales de base como consecuencia de no poder asumir su coste; y ha exigido que los presupuestos de la comunidad para 2013 "inviertan y prioricen las políticas sociales".

En rueda de prensa tras mantener una reunión con miembros de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Extremadura, Gil Rosiña ha transmitido igualmente su "preocupación" por los "derroteros" que están adquiriendo a su juicio las políticas en materia social del Ejecutivo autonómico del PP.

Tras alertar de que en dicha materia para el GobEx "unos ciudadanos están y otros no", la socialista también ha criticado el sistema de "subvenciones" a los servicios sociales de base actual, por considerar que con el mismo "se dan pasos atrás" en el sector.

En esta línea, ha advertido de que el citado sistema de la Administración extremeña "hace que seis municipios no dispongan de servicio social de base fundamental para los ciudadanos"; y ha advertido de que en cualquier caso el PSOE "pondrá de nuevo el acento" en actuaciones de "defensa" de las políticas sociales.

Ccoo reclama inversión

Por su parte, la responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Extremadura, Ángela de la Montaña, ha instado a los tres grupos con representación en el parlamento regional a que aúnen "esfuerzos" para "invertir" en políticas sociales, junto a sanidad, educación y pensiones.

Ha reclamado así al Ejecutivo autonómico que asuma en los Presupuestos de la comunidad para 20123 el "gasto total" de la inversión en los servicios sociales de base; y ha criticado también los modelos de "externalización y privatización" existentes —ha dicho— en dicho sector.

La sindicalista ha solicitado también la articulación de una "segunda" ley de servicios sociales en Extremadura "para articular el derecho básico a la protección social" por parte de la ciudadanía.

Se ha mostrado en este sentido partidaria de la dotación de "recursos suficientes" para el sistema "público" de servicios sociales, y para evitar con ello que "se rompa la cohesión social". Así, ha advertido de que si no se articulan "medidas preventivas y asistenciales", la "desprotección" será aún "mayor".