PSM-IV-ExM advierte de que la paralización del Plan Hidrológico puede suponer una "sanción importante" desde Europa

El PSM-IniciativaVerds-Entesa ha advertido de que la paralización del Plan Hidrológico de Baleares (PHIB) puede suponer que una "sanción importante" por parte de Europa ya que el pasado jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó --según explican-- al "Estado español --excepto a Cataluña-- por no haber aprobado en plazo los Planes Hidrológicos.

El PSM-IniciativaVerds-Entesa ha advertido de que la paralización del Plan Hidrológico de Baleares (PHIB) puede suponer que una "sanción importante" por parte de Europa ya que el pasado jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó —según explican— al "Estado español —excepto a Cataluña— por no haber aprobado en plazo los Planes Hidrológicos.

Según explican en un comunicado, el Tribunal reconoce que el PHIB había sido correctamente tramitado hasta el año 2010, pero, como no ha sido definitivamente aprobado, "lo incluye entre los incumplimientos del Estado, y, por tanto, el Govern, como que es el responsable, puede tener que soportar la sanción correspondiente".

Debido a esto, la coalición econacionalista acusa al Govern presidido por José Ramón Bauzá de haber actuado de "manera irresponsable" por haber parado la aprobación del Plan y de haberlo hecho por "intereses espurios" como "no asumir" las medidas de protección de acuíferos contaminados o sobreexplotados o por evitar la protección de las zonas húmedas como Ses Fontanelles, l'Ullal, Ses Feixes o Maristany.

El PSM-IV-ExM considera que el Tribunal "ha dejado claro" que el procedimiento de la anterior Ejecutivo autonómico había sido "impecable" y hace evidente que las críticas del conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, eran "una simple excusa" para "retrasar la entrada en vigor del PHIB".

En este sentido, también critican la iniciativa del PP de modificar el PHIB para poder extraer más agua de acuíferos sobreexplotados, como el de Sa Pobla, "sin ningún tipo de estudio técnico ni información pública", sino a través de una enmienda en un procedimiento legislativo que califican de viciado.

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