El sector privado de las residencias para mayores y los centros de día no es el único que está agobiado por la deuda cada vez mayor que acumulan ciertas comunidades autónomas en el pago de las plazas que tienen concertadas para beneficiarios de la ley de dependencia. En seis regiones el nivel de deuda es "crítico" también con las ONG, organizaciones religiosas y entidades sociales que atienen a los mayores.

Así lo explica el último informe de Lares Federación, que sitúa a Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Murcia y Canarias entre las morosas que están generando mayores problemas a este sector de la atención a personas que no pueden valerse por sí mismas. No obstante, sólo Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura y Madrid están al corriente de los pagos.

La peor situación es la de la Comunidad Valenciana. La Generalitat debe 15,5 millones de euros a las entidades sociales que gestionan las residencias y presenta retrasos en los pagos de 12 meses. Lares ha llevado a cabo movilizaciones y concentraciones para reclamar el pago de la deuda y, en la actualidad, reclama a la Conselleria de Justicia i Bienestar Social que equipare los precios que paga por plaza al sector privado con los que abona al sector social, que llegan a percibir hasta 14 euros menos al día por dar los mismos servicios.

En el caso de Andalucía, la deuda asciende a nueve millones de euros, los pagos han pasado a hacerse de 30 a 90 días y se ha anunciado una bajada del 12 por ciento en el precio de las plazas concertadas aunque según Lares ya están por debajo de los costes reales. Como principal consecuencia, las residencias del Tercer Sector están experimentando retraso en los pagos a los proveedores y hasta en las nóminas de sus empleados.

En Baleares, el gobierno regional tiene una deuda con Lares de 340.000 euros, correspondientes a las 30 plazas concertadas en la Residencia Reina Sofía- Ibiza durante el 2011 y hasta septiembre del 2012, que sobrevive gracias al pago regular de las plazas privadas. No obstante, "la amortización de la deuda puede provocar un hundimiento de la residencia", conforme advierte el informe.

Castilla-La Mancha no tiene mejor situación. La Administración debe todo el año 2012 en convenios y 6 meses de conciertos. En los convenios suscritos con entidades municipales, cuyos centros están gestionados por organizaciones integradas en ACESCAM se adeuda todo el año 2012 y prácticamente todo el año 2011 y aunque en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores se saldó el dinero adeudado en 2011, aún están pendientes los importes de los convenios locales.

En cuanto a la Región de Murcia, debe al Tercer Sector que gestiona las residencias hasta 3 millones de euros, la Administración paga a 90 días, se están produciendo retrasos en el pago de proveedores y en las nóminas, se da la imposibilidad de abonar horas extra a los trabajadores y las entidades están recurriendo a pólizas de crédito para encontrar financiación.

La federación, que reúne 900 empresas en toda España que atienden diariamente a unos 70.000 mayores, denuncia que, en general, está padeciendo retrasos en el pago de las plazas y los servicios concertados con "importantes acumulaciones de deuda que ponen en riesgo la viabilidad de los centros", mientras los gobiernos autonómicos rebajan los precios de los conciertos sin rebajar en paralelo las exigencias de personal y servicios.

Además, afirma que las evaluaciones de los niveles de dependencia de los usuarios se están realizando a la baja, lo que genera un desajuste deficitario entre la dependencia reconocida y la atención requerida finalmente por el usuario en la dependencia. En esta línea, aseguran que no existe reevaluación de los usuarios, que avanzan naturalmente hacia mayores niveles de dependencia y cuyas necesidades de atención deben ser asumidas por el centro.

El informe apunta también que las plazas concertadas no se cubren pero se mantiene los niveles de exigencia, lo que supone un gasto desaprovechado porque las administraciones deben abonar en ocasiones la cuota de reserva de plaza y un coste innecesario para las residencias, que deben mantener el personal y los servicios para responder a unas plazas que quedan vacantes.