Las dos oficinas comerciales que la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) se integrarán dentro de la red del Instituto de Comercio Exterio (ICEX), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, tanto física, ya que en algunos casos, como la de México Distrito Federal, supondrán el cierre de la misma y el traslado de su personal a las del Estado, como a nivel operativo y de recursos, lo que pondría suponer un ahorro de entre 60.000 y 80.000 euros anuales.

Con este objetivo, el Ministerio de Economía, a través del secretario de Comercio, Jaime García Legaz, y el Gobierno regional, representado por el consejero de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Eduardo Arasti, han suscrito este viernes un protocolo general de colaboración que, según han señalado, contribuirá a "mejorar" el servicio que se va a prestar desde las dos administraciones a las empresas de Cantabria "con vocación de exportar" y que apuesten por la internacionalización.

A partir de ahora, estas empresas tendrán a su disposición las bases de datos del ICEX y podrán acceder a sus instrumentos de internacionalización y a determinados productos, como créditos, que lo favorecen, que hasta ahora, al estar separadas las oficinas de Sodercan y las del Estado, "se estaban desaprovechando".

Actualmente, Cantabria tiene abiertas dos oficinas comerciales de Sodercan en el exterior, una en Tianchin (China) y otra en Mexico DF—además de una tercera en Bruselas pero que no se dedica explícitamente a estos asuntos, tiene otras tareas y es de obligado mantenimiento—, de las cuales la segunda se cerrará y su personal será integrado en la que España tiene en esa misma ciudad.

La otra se mantendrá "temporalmente" pues España no tiene por el momento oficina en esa misma ciudad, aunque el Gobierno de España tiene en marcha una estrategia para incrementar su presencia institucional en el país asiático en la que podría caber la posibilidad de instalarse allí pues es un área de interés, con lo cual sería entonces cuando se produciría la integración.

Se trata de un acuerdo ya suscrito con ocho comunidades autónomas al que, según García Legaz, sólo se han rechazado de forma explícita Cataluña, País Vasco y Andalucía, a las que ha pedido que "reflexionen" y reconsideren su postura, pues, según ha defendido, con la integración en la red nacional no sólo se consigue evitar duplicidades y generar ahorros, sino que contribuye a la mejora de la 'marca España' en el exterior.