Los 38 trabajadores de la Agencia Valenciana de Movilidad (aVM) ha acordado este viernes por unanimidad mantener las medidas "de presión y protesta", que incluyen paros parciales y manifestaciones, con el objetivo de "salvar todos los puestos de trabajo y la propia entidad como algo conveniente para los ciudadanos de la Comunitat".

Los empleados se han reunido este viernes para valorar los resultados del encuentro mantenido este jueves por el Comité de Empresa con la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, tras conocer la decisión de cerrar esta entidad, y han decidido unánimemente mantener las medias de presión.

Según ha apuntado el comité de empresa en un comunicado, la reunión se produce después de conocer esta semana la "dramática decisión" que condena a esta entidad "al cierre absoluto como autoridad del transporte metropolitano en Valencia, Castellón y Alicante".

"Esta decisión relega a nuestra Comunitat desde la vanguardia europea en la gestión coordinada del transporte a la situación única en España de carecer de organismo que gestione íntegralmente el transporte metropolitano", ha señalado la representación de los trabajadores.

En el encuentro, el objetivo del Comité fue el de "concienciar" a la consellera "sobre la necesidad y conveniencia para la administración de mantener este organismo por el valor aportado en estos 11 años al transporte de viajeros en la Comunitat y que estos días está recibiendo cartas de apoyo y reconocimiento de todos los estamentos y autoridades relacionados con el transporte, la tecnología e incluso la política".

Durante el encuentro, Julio Rubio, portavoz del Comité, explicó el "elevado valor técnico" de los trabajos que la aVM ha desempeñando y donde los trámites administrativos "suponen un porcentaje muy bajo de las funciones desarrolladas". Según esta parte, la consellera se refirió a los problemas económicos que existen actualmente en el sector público.

Situación "discriminatoria"

El Comité de Empresa destaca que el hecho de que "en ningún momento se ha contado ni consultado a los técnicos de la aVM antes de decidir su cierre", una situación que califica de "totalmente discriminatoria frente a otras empresas públicas de mayor peso específico, aunque algunas de ellas de menor contenido social".

Según la representación de los trabajadores, Bonig se comprometió a estudiar "con detalle" la situación laboral de todos los trabajadores e ir informado periódicamente de la evolución de las decisiones que se fueran tomando por parte de la Conselleria, ya que existía una gran indefinición del proceso a seguir para la extinción".