La organización política interna de Euskadi (neologismo creado por Sabino Arana, fundador del PNV) reposa sobre dos niveles de poder que se equilibran mutuamente: el Parlamento vasco y las diputaciones forales que representan a los territorios históricos (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya). Ambas instituciones son elegidas por sufragio universal (las elecciones forales coinciden con las elecciones municipales).

Desde que se instaló el primer Parlamento vasco en 1980, el debate sobre el modelo de relación entre estos dos poderes fue una cuestión crucial y muy polémica. Un modelo defendía un sistema que daría preeminencia al Gobierno y al Parlamento vasco, dejando a las diputaciones en su papel de administraciones dependientes periféricas. El otro modelo era contrario, defendiendo poderes compartidos entre Gobierno/Parlamento vasco y diputaciones forales.

La Ley de Territorios Históricos de 1983 optó al final por el segundo modelo, basado en la tradición histórica del foralismo y eje central del sector más ortodoxo del nacionalismo del PNV (ésta fue una de las causas de la escisión de EA). De esta manera, el sistema interno de poder en Euskadi reposa sobre un modelo confederal (que es el que defienden también parte de los nacionalistas para su relación con España), en el que las diputaciones disfrutan de unas competencias amplísimas en todos los terrenos (uno principal es la Hacienda, ya que cada provincia disfruta de autonomía fiscal y destina un cupo para financiar al Gobierno vasco). Por otro lado, dentro de este esquema confederal de libre asociación, cada territorio histórico puede decidir separarse de Euskadi (una amenaza que han hecho sectores alaveses si se optase por la independencia).

La fórmula para elegir el Parlamento vasco refleja esta concepción confederal, ya que si bien se parte de la ley d’Hondt (para el reparto de escaños), la asignación del número de escaños a cada territorio (provincia) no tiene en cuenta la población y se asignan los mismos escaños a Álava, a Guipúzcoa y a Vizcaya (actualmente 25 a cada una). El Parlamento vasco es así una representación de los territorios, más que una representación de su población. Esta fórmula crea distorsiones enormes en cuanto a la representación del voto: un escaño de Álava corresponde a 9.905 electores, mientras que un escaño de Vizcaya equivale a 38.837 electores. Es decir, que para elegir a un diputado de Vizcaya se necesitan cuatro veces más votos que para elegir a un diputado de Álava. La fórmula propugnada en su origen por el PNV favorece paradójicamente a los partidos no nacionalistas, más fuertes en Álava, que neutralizan con pocos votos los escaños obtenidos por los nacionalistas de Guipúzcoa (la circunscripción más nacionalista). No obstante, esta fórmula se adoptó para facilitar la inclusión de Álava en Euskadi, que de otra manera hubiera podido optar por una autonomía propia como Navarra.

Las candidaturas en Vizcaya son las más penalizadas y ello justificó que antes de las elecciones autonómicas de 2001 se cambiara el umbral mínimo para optar al reparto de escaños, que pasó del 5% al 3%, con el fin de favorecer a EB-IU, cuya implantación está esencialmente localizada en las zonas urbanas del Gran Bilbao.

Este cambio, destinado a frenar la ofensiva electoral del PP en las elecciones de 2001, facilitó que EB-IU obtuviese representación y explica igualmente que esta formación de izquierdas federalista formase parte del gobierno de coalición que ahora ha concluido su mandato.   

- Próxima entrega: «El voto no nacionalista».