El Pleno de las Cortes de Aragón ha dado luz verde, con los votos favorables de PP y PAR, al proyecto de ley de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma para garantizar la estabilidad presupuestaria. PSOE, CHA e IU han votado en contra del proyecto, que incluye la suspensión de la paga de Navidad 2012 a los funcionarios, y que ha explicado en la sesión plenaria el consejero de Hacienda y Administración pública, José Luis Saz.

La mayoría PP-PAR ha rechazado las tres enmiendas a la totalidad de los tres Grupos de la oposición.

El titular de Hacienda ha enmarcado el proyecto de ley en el compromiso de consolidación fiscal adquirido por todos los Gobiernos autonómicos en la reciente V Conferencia de Presidentes. Ha recordado que esta nueva norma servirá para adaptar a la legislación aragonesa el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de España en este sentido, lo que es "de obligado cumplimiento".

El proyecto de ley de medidas extraordinarias consta de nueve artículos, cinco disposiciones adicionales, cuatro transitorias y una derogatoria. José Luis Saz ha expuesto que prevé la suspensión de la segunda paga extra de los empleados de la Administración autónoma correspondiente a 2012, la paga extra de Navidad, aunque no afectaría a los que menos cobran.

En el caso del Consejo de Gobierno, ha indicado Saz, cada miembro perdería la catorceava parte de sus remuneraciones. El consejero ha aclarado que esta suspensión salarial "se recuperará en los años venideros" porque "no se trata de una eliminación, de una pérdida", sino de una suspensión.

"Creo en la función pública", ha dicho el consejero, quien ha agregado que "los funcionarios han venido desarrollando una labor silenciosa y profesional, ese buen hacer administrativo".

Otra de las medidas es la aproximación del pago de retribuciones de los empleados públicos con incapacidad laboral transitoria por enfermedad al régimen del mercado libre. En lugar de cobrar un complemento retributivo durante todo el periodo de incapacidad, a partir de ahora cobrarán la parte proporcional del 50 por ciento del complemento durante los tres primeros días, el 75 por ciento del mismo desde el cuarto día al vigésimo, y el 100 por cien a partir del vigésimo primero. Esta medida no afecta a las incapacidades con hospitalización.

Asimismo, se dispone la supresión total de las subvenciones que el Departamento de Hacienda concedía a los sindicatos. Además se regula la permanencia en el servicio activo. El objetivo es abrir "un hueco" a los profesionales más jóvenes. Esta medida no es automática, sino que se establece un procedimiento.

"NEOLIBERAL"

El portavoz del Grupo Parlamenario de IU, Adolfo Barrena, ha tildado la nueva norma de "neoliberal y reformista", afirmando que "responde a la ideología de acabar con el Estado del Bienestar, de arrasar con los servicios públicos y convertir la ciudadanía en prisionera de los mercados".

Se vulneran derechos laborales, salariales y sociales, ha argumentado Barrena, quien ha aseverado que "se llega incluso a cometer un atraco social" en el caso de la nueva regulación de la incapacidad laboral.

Por su parte, el presidente de CHA, José Luis Soro, ha expresado que el texto "resume el programa de invasión de competencias autonómicas, el desmontaje del Estado social", lo que perjudica "a todos los ciudadanos y los que menos ingresos tienen por la subida del IVA" y no ataca "a los bancos, a los poderosos".

Soro ha opinado que esta nueva norma aragonesa "es una secuela sumisa" del Real Decreto-Ley y la ha rechazado íntegramente, "de la primera letra de su título a la última letra". Este es un proyecto de ley "abusivo, injusto" y "totalmente impresentable", ha dicho el parlamentario de Chunta.

El portavoz adjunto del PAR, Antonio Ruspira, ha apoyado las medidas y ha destacado que "por primera vez se dice que hay que racionalizar y reducir el gasto de personal". Ha indicado que el Consejo de Ministros ha acordado ahorrar 102.000 millones de euros para ajustar el déficit y la aplicación del Real Decreto-Ley —con sus trasposiciones autonómicas— permitiría ahorrar 65.000 millones, por lo que esta legislación es "piedra angular del programa nacional de reformas".

La suspensión de la paga extra de Navidad permite ganar tiempo, ha continuado Antonio Ruspira, quien ha considerado "importante" racionalizar el Capítulo I de gastos de la Administración autónoma.

La diputada del PSOE, Ana Fernández, ha defendido lo público y ha calificado de "innecesario" el proyecto de ley. También ha criticado "la prisa" con la que se ha aprobado la normativa de estabilidad presupuestaria, "un proyecto de ley que recorta derechos y salarios".

En opinión de Ana Fernández "se cargan directamente la negociación colectiva" y "no les importa" lo que opinen los sindicatos. Ha criticado en especial el recorte de subvenciones a las centrales sindicales.

La diputada del Partido Popular, Yolanda Vallés, ha llamado a cumplir las obligaciones de pago, los compromisos con la reducción del déficit, la Constitución —que desde 2011 recoge la creación del techo de gasto— y las obligaciones con la Unión Europea.

Estas "son medidas de sacrificio y esfuerzo personal", son medidas "extraordinarias en un momento muy difícil y complejo", pero son "necesarias y obligatorias", ha concluido.