El presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, ha presentado este jueves en la Comisión de Hacienda de las Cortes, y a petición propia, una propuesta de reforma normativa para mejorar la "eficiencia" de este organismo y entre cuyas medidas se encuentra la posibilidad de fiscalizar todo ente que esté financiado públicamente o controlado por un ente público, así como aplicar multas coercitivas en los casos de "incumplimiento" del deber de colaboración.

Encabo, en su comparecencia, ha propuesto la implantación de las fiscalizaciones "operativas o de gestión" para poder analizar si los recursos públicos se gestionan "con criterios de eficiencia y eficacia" con el objetivo de mejorar la "transparencia" además de que sobre la mesa ha puesto una reducción de plazos para el Consejo de Cuentas envíe el informe de fiscalización de la Cuenta general de la Comunidad en un plazo de un año desde su rendición.

En este sentido, el presidente del Consejo de Cuentas se ha referido al hecho de examinar las cuentas de las entidades locales en seis meses desde la fecha límite para su recepción.

Otro de los aspectos de la reforma es el deber de colaboración de las entidades, órganos y personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para facilitar la labor fiscalizadora además de que se plantean multas coercitivas por el incumplimiento de este deber una vez que hayan sido requeridos por el Consejo de Cuentas.

Asimismo, el presidente se compromete a comparecer ante las Cortes dentro de los tres meses siguientes a su nombramiento.

Estas medidas propuestas por Jesús Encabo responden a la necesidad "de adaptarse a los nuevos tiempos" y después de diez años de existencia del Consejo de Cuentas así como a la necesidad de "reforzar el principio de transparencia y de desarrollar una gestión austera".

Asimismo, el presidente ha defendido que la existencia del Consejo de Cuentas no sólo debe estar justificado porque está recogido en el Estatuto de Autonomía sino por la capacidad de este órgano "de dar respuesta a las inquietudes que tienen los ciudadanos para conocer de modo veraz cómo se gestionan los recursos públicos".

"La transparencia no ha de ser un valor meramente vocacional de la política sino una auténtica exigencia", ha asegurado Encabo quien ha defendido la "rentabilidad económica" que aporta el Consejo de Cuentas ya que su labor de fiscalización "ejerce un efecto disuasorio sobre posibles malas prácticas" además de que las recomendaciones que se dan "conduce a un gasto más eficiente de los recursos públicos".

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