El interrogatorio previsto para hoy del actual secretario general del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino Estrada, en calidad de imputado por el caso de supuestas irregularidades detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha sido pospuesto para mañana viernes por el juez instructor para evitar incurrir en un supuesto conflicto de intereses entre el citado funcionario y su letrado defensor.

La que parecía que iba a ser otra maratoniana jornada en el Edificio de los Juzgados de la capital, por el que hasta la fecha ha desfilado cerca de una veintena de imputados en este procedimiento, se ha visto finalmente reducida a un breve encuentro de escasos minutos en el despacho del titular del Juzgado de Instrucción número 1, José María Crespo, que, a petición de las acusaciones pública y popular, ha suspendido la comparecencia ante el hecho de que el secretario municipal acudiera asistido por un letrado que, casualmente, ya declaró en la misma causa como testigo.

Si bien tal circunstancia no planteaba inicialmente irregularidad procesal alguna, el juez instructor ha optado finalmente por la suspensión tras ser informado por una de las partes personadas de su propósito de interpelar al secretario municipal por cuestiones que sí podían guardar relación con la declaración que su defensor, José Luis Barca, prestó en su día en dicha sede judicial en calidad de testigo respecto de su cometido como antiguo jefe de la Asesoría Jurídica del Consistorio.

Ante ello, y con el fin de evitar una posible incompatibilidad del letrado defensor, la toma de declaración de Valentín Merino Estrada ha quedado fijada para mañana, con lo que el imputado habrá de personarse asistido por otro abogado. Su interrogatorio tendrá lugar a posteriori del que el juez realizará previamente a los arquitectos Luis de la Hoz Sánchez y Juan Cayetano Ayala y al actual director general de Vivienda, Arquitecto y Urbanismo de la Junta, Ángel María Marinero, este último también en calidad de imputado y los dos anteriores como testigos.

"actuación exclusivamente profesional"

Tras su comparecencia fallida, Valentín Merino, el segundo de los imputados que, además del propio alcalde, no ha tenido inconveniente en atender a los medios de comunicación en sede judicial, ha explicado que su participación en los hechos objeto de investigación ha sido "exclusivamente profesional" como secretario del Consistorio.

"Todo lo que he hecho ha sido siempre por escrito, y hay constancia de ello tanto en las actas como en documentos y otros informes que ya están incorporados a los autos", ha abundado el funcionario, quien sin embargo, "por respeto al juez y al resto de las partes", ha declinado responder a preguntas acerca del motivo por el cual en 2003 decidió que el texto refundido del PGOU no pasara nuevamente por el pleno y recibiera el visto bueno mediante una simple dación de cuentas.

A este respecto, el secretario ha emplazado a los periodistas tras su comparecencia de mañana. "Si el juez o alguna de las partes me preguntan por ello diré lo que tengo que decir y ustedes lo sabrán", ha prometido.

"indignidad" para los letrados

Si hasta la fecha la mayoría de las comparecencias se han venido celebrando en una de las salas de vistas, dado el elevado número de partes personadas en la causa, en esta ocasión el juez instructor ha desarrollado el encuentro en su propio despacho, circunstancia que ha suscitado el malestar de la mayoría de los letrados defensores.

Tal es así que el representante de la acusación popular, Carlos Castro, y, sobre todo, el letrado Jesús Verdugo, éste además como decano, han protestado puesto que, en palabras del segundo, "había seis abogados de pie en el despacho sin posibilidad de tomar notas y en situación de indignidad para la profesión. ¡Parece mentira que se produzca una situación de este tipo!"

El toque de atención ha surtido efecto ya que, como así ha adelantado Verdugo, "parece que mañana se solucionará la situación" y el cuádruple interrogatorio de los dos testigos previstos y de otros dos imputados, caso del director general de Vivienda de la Junta y del secretario municipal, volverán a tener por escenario la habitual sala de vistas.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

Precisamente, García de Coca y el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller serán los próximos en comparecer ante el juez, también como imputados, el próximo día 13 de octubre, después de que su declaración, prevista para el pasado día 4 de septiembre, quedara también suspendida al alegar ambos una posible indefensión al no habérseles facilitado copia de todo lo actuado hasta entonces.