El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado este jueves la causa contra los ocho imputados por promover las protestas celebradas en pasado 25 de septiembre en los alrededores del Congreso de los Diputados. A todos se les acusaba de un delito contra altos organismos de la Nación por instar a rodear el edificio parlamentario.

En el auto por el que el juez ha decretado el archivo de las diligencias, el magistrado estima que "de lo actuado no puede decirse que los hechos sean constitutivos de delito, ni siquiera de los previstos en el Código Penal contra las Instituciones del Estado".

Asimismo, Pedraz ha hecho constar en el texto que el 28 de septiembre se recibió en ese juzgado "copia, que no original", del atestado policial en el que se describía lo acontecido el 25-S y en el que se calificaban los hechos denunciados como "resistencia, desobediencia, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos". "No aparece atribuido, pues, el delito contra las Instituciones del Estado", detalla el juez.

A los ocho se les imputaba un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere a "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".

Antes de tomarles declaración, Pedraz revisó el diario de sesiones del Congreso de los Diputados para comprobar si se alteró el orden del pleno el pasado día 25 por la convocatoria Rodea del Congreso. A este respecto, el auto concluye que "en el acta no consta alteración alguna del normal funcionamiento en la sesión". "La larga sesión se desarrolló normalmente. Por tanto, el delito no pudo cometerse", añade.

"Exigir un proceso de destitución  y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura v del Estado o abolición de la actual Constitución [...] en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de existir atentaría claramente al derecho fundamental de libertad de expresión", explica el magistrado.

Es la Policía, dice el juez, la que tiene que poner a los detenidos a disposición del juzgado que corresponda, teniendo en cuenta el delito cometido."Lógicamente, si a ninguno se le imputaba un delito competencia de la Audiencia Nacional habría de ponerlo a disposición del juzgado del lugar en que se hubiere cometido", reitera. Pedraz usa expresiones como "la gravedad aventurada por la Policía no era tal (ocupar realmente el Congreso)".

Por otro lado, el juez critica la actuación posterior de la Brigada Provincial de la Policía, que —según dice— no puede ahora —"sorprendentemente"— imputar a cinco de los detenidos delito alguno o hacer nuevas valoraciones de los hechos ante la Audiencia Nacional, ya que los arrestados dependen exclusivamente del juzgado de instrucción de Madrid, que debe ser quien decida sobre la competencia.

"De ninguna forma, la unidad policial puede 'sustraer' unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado para que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en las funciones propias de la policía judicial", afirma. Pedraz ha sido informado este mismo jueves de esto y lo hace constar en el auto.

De los ocho acusados, siete han prestado declaración ante el juez en la sede de la Audiencia Nacional desde las 11 de la mañana. El octavo, Antonio López, no ha acudido a la cita con el magistrado alegando "objeción de conciencia" y porque no reconoce los delitos que se le imputan, aunque sí que ha ido a las puertas del tribunal. Es miembro de la plataforma En Pie! —una de las convocantes del 25-S— y del sindicato SAT.

López, jornalero de Granada que fue identificado también el pasado 15-S, ha explicado a los periodistas congregados en la calle Prim de Madrid que asumiría una posible detención, si así lo decretaba el juez, pero que si era multado no pagaría la sanción. Por otro lado, habló de la querella que ha presentado contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes: "Ahora los que imputamos somos nosotros", ha añadido.

Por su parte, Doris Benegas, otra de las imputadas, ha dicho al salir de la Audiencia Nacional que deberían ser los parlamentarios los que "escuchen a los ciudadanos" y que la causa contra ella y los otros ocho manifestantes no tenía mucho sentido. Uno de los presentes en la sala donde han declarado los siete imputados ha relatado que Benegas "ha dejado sin palabras en dos ocasiones" al fiscal.

Los imputados han contestado, uno a uno, al juez que ellos no pretendían alterar el funcionamiento del Congreso de los Diputados ni impedir el paso a sus instalaciones de los diputados, han explicado a la salida.

El auto concluye con que la resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de reforma y apelación. El juez tiene pendiente además responder a la inhibición cursada por la juez de instrucción de Madrid Rosario Espinosa relativa a los desórdenes provocados por los 35 detenidos en las inmediaciones del Congreso el día de la protesta.