Audiencia Nacional
Imagen de la fachada de la Audiencia Nacional. EP

Siete personas imputadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, convocantes de las protestas del 25-S, han comenzado a declarar este jueves acusados de un presunto delito contra las altas instituciones del Estado. En total los imputados son ocho, aunque uno de ellos, Antonio López, se niega a declarar por objeción de conciencia y porque no reconoce los cargos que se le imputan. Este octavo imputado pertenece a la Plataforma en pie y al SAT.

Las declaraciones se han iniciado a las 11.00 horas, mientras en el entorno de la Audiencia siguen concentradas varias decenas de ciudadanos que han acompañado hasta la sede del tribunal a los acusados. Los ciudadanos que han acudido a las puertas de la Audiencia en solidaridad con los imputados portan pancartas en las que pueden leerse lemas como: Los de dentro del Congreso sí atentan contra el Estado o Dejar impunes a banqueros y corruptos es atentar contra el Estado, a la vez que coreaban consignas como No estáis solos o No tenemos miedo.

Agentes de policía han retenido a las personas concentradas ante la Audiencia Nacional a la altura del paseo de Recoletos, una manzana más abajo, y no les dejan acceder a la calle Prim.


A primera hora de la mañana algunos de los agentes de Policía desplegados para vigilar la seguridad en torno al edifico de la Audiencia han procedido a identificar a varios de los periodistas que han acudido a cubrir la declaración de los imputados. Un numeroso grupo de cámaras de televisión y reporteros gráficos esperan la salida de los acusados, que han entrado acompañados de su abogado a la sede del tribunal.

La declaración ante el magistrado de estos acusados se produce después de que el juez haya revisado el diario de sesiones del Congreso de los Diputados para comprobar si se alteró el orden del pleno el pasado día 25 por la convocatoria "Rodea del Congreso".

Pedraz imputa a los ocho acusados un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere a "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".