El Gobierno ha suscrito este miércoles con la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un acuerdo que establece un protocolo de actuación para que la droga aprehendida en las operaciones policiales sea analizada "en cuestión de semanas" con el objetivo que "de manera inmediata" se pueda llevar a cabo su destrucción.

Los departamentos de Interior, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas han intervenido en la firma de un acuerdo-marco de colaboración interministerial y judicial por el que se establece el protocolo a seguir en la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

La firma de este protocolo, en el que se trabaja desde hace seis meses, se produce días después del robo de varios centenares de kilos de droga en el depósito de Cádiz. La Policía ya ha identificado a varias personas sospechosas de la sustracción.

El acuerdo, suscrito este miércoles en la sede del Consejo, se encuadra dentro del marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal que establecen como regla general la destrucción anticipada de los alijos intervenidos. Sólo procederá su conservación íntegra en supuestos excepcionales mediante una resolución judicial expresa y motivada, según ha informado el CGPJ.

El vocal Manuel Almenar ha explicado que este protocolo busca agilizar el procedimiento de recogida y extracción de muestras al tiempo que uniformiza los procedimientos de actuación que ahora existen. "A veces los análisis se dilatan hasta ocho o nueve meses", ha ilustrado.

Esto permitirá agilizar los procedimientos así como evitar los costes en el almacenamiento y en los riesgos que comporta en seguridad ciudadana y salud pública. Además, garantizará la cadena de custodia de la droga desde el primer momento para saber "en cada instante donde está y quien es el responsable" de su vigilancia.

El vocal ha adelantado la posibilidad de revisar el estado de los procedimientos en marcha relacionados con el tráfico de drogas para que tener en el plazo de dos meses una relación de las partidas intervenidas adoptando las medidas oportunas para poder realizar los contra-análisis.

Ahorro en costes económicos

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha defendido la necesidad de garantizar los derechos de los encausados junto a la defensa del interés social y la economía de costes. Ha puesto en valor las más de 20.000 diligencias penales abiertas el pasado año en materia de tráfico de drogas.

"Anualmente, se mueven entre las distintas administraciones más de 300.000 kilos de sustancias tóxicas", ha expuesto para añadir que la destrucción de cerca de 70.000 kilos de droga ha costado más de 190.000 euros. Unos datos que ponen de relieve el "problema capital" que supone este volumen de droga para el funcionamiento de la Justicia, la salud pública y la seguridad ciudadana.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha querido reconocer especialmente la labor de la Fiscalía Antidroga y ha advertido de que el tráfico de estupefacientes supone "una lacra con consecuencias sociales y personales" y "un desafío a las sociedades democráticas" a la que se debe responder con la "mayor contundencia y eficacia".

Finalmente, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Belén Crespo, ha mostrado su orgullo por conseguir "este hito", mientras que ha felicitado a los farmaceúticos por el trabajo de análisis y muestreo de drogas en el que intervienen.

El acuerdo-marco ha sido firmado también por el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

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