La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha abogado por que las reformas legislativas de Justicia cuenten con el "consenso" de todos los operadores jurídicos. "Las reformas necesarias en nuestro país tienen que ser consensuadas y queridas por aquellos que las tienen que aplicar", ha destacado.

Cospedal ha hecho estas declaraciones en Albacete durante la reunión anual de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de toda España, en la que también ha estado presente el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner.

Entre las reformas a poner en marcha ha puesto como ejemplo la Ley Orgánica del Poder Judicial y la demarcación y planta judicial, "sin que ello suponga un menoscabo de la cercanía del ciudadano con la Justicia".

También ha señalado que es el momento de afrontar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, un nuevo Código Mercantil, "en el que se aúne la legislación dispersa que nos ayude en el contexto de la recuperación y el necesario crecimiento económico", o leyes "tan importantes" como la Ley de Mediación, la Ley del Menor o todo lo relacionado con la multireincidencia.

Cospedal además se ha mostrado "convencida" de que la Justicia no solo es un derecho individual que reconoce la Constitución a todos los ciudadanos, sino que también es "un requisito fundamental para el desarrollo económico y social del país".

En este sentido, la presidenta de Castilla-La Mancha ha reconocido que "en momentos difíciles" como los actuales es preciso "devolver el lugar" que siempre ocupó el Poder Judicial, "encarnado en jueces y magistrados, que tienen la obligación de hacer Justicia".

En este foro, Cospedal ha deseado a los participantes en este encuentro que acierten en las conclusiones, con el máximo consenso, "garantizando la independencia y la autonomía de los jueces, que es el requisito indispensable de un país democrático como es el nuestro".

Asimismo, ha apelado al reconocimiento de la "imprescindible" labor del Poder Judicial "como garante de los derechos de todos los españoles" y se ha referido, además, al Poder Judicial como "contrapeso y equilibrio" entre el Ejecutivo, el Legislativo y los derechos de los ciudadanos.