El Consejo Escolar de Andalucía ha entregado a la consejera de Educación de la Junta, Mar Moreno, sus valoraciones sobre el proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa esbozado por el Gobierno central, una iniciativa cuya aplicación, en conjunto, no consideran oportuna, entre otras conclusiones, por ver en la misma el germen de un modelo "segregador" con el que pueden quedar afectados "profundamente" tanto el alumnado como el profesorado.

En rueda de prensa, el presidente del Consejo Escolar andaluz, Ernesto Gómez, ha explicado que las valoraciones realizadas por la comisión permanente han tenido en cuenta no sólo el documento inicial en el que se perfilaban las claves del proyecto de reforma, recibido el pasado verano, sino el propio anteproyecto oficial, siendo el "único" consejo en esta situación.

El dictamen del ente hace un repaso por todas las claves de la reforma, considerando la existencia de ciertas "sorpresas" y "dudas" respecto a una ley que "pretende ir muy lejos" y en la que se plantean cambios en aspectos "trascendentales" del actual sistema educativo.

Frente a las finalidades que la reforma afronta reconocidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte —el desarrollo del "talento" discente o la mejora de la calidad educativa, con "fortalezas" como el índice de becas y ayudas y "debilidades" tales como las diferencias entre comunidades autónomas—, Gómez ha tachado de "generalidades" y "obviedades" algunos de los objetivos contemplados, entre los que se encuentran la lucha contra el fracaso escolar o la mejora de los resultados cosechados históricamente en el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA).

Retroceso de la fp al diseño de 1970

En concreto, el presidente del Consejo Escolar de Andalucía ha detallado que las valoraciones inciden en que la Formación Profesional (FP) es "la que sale peor parada", en base al modelo de "vía muerta y subsidiaria" que podría implantarse con el adelanto de elección de itinerarios que se propone para los alumnos. La FP, en este sentido, se convierte en uno de los puntos más preocupantes para el organismo, que cree que ésta sufrirá un retroceso al diseño de la Ley General de Educación de 1970.

Por otra parte, los proyectados programas específicos y de cualificación "podrían dejar al alumnado sin opciones reales de título". Asimismo, considera que hay un sector de la población que "se verá abocado a esa vía muerta", mientras que también ha apuntado que las evaluaciones externas que se proponen deben servir para conocer la evolución del sistema, pero no para "condicionar el progreso de un alumno concreto".

El Consejo Escolar andaluz, que cree que el marco legal debe ser fruto de un diagnóstico "compartido" y del "consenso", y que el modelo propuesto no tiene en cuenta el valor "transformador" de la educación, sí se muestra de acuerdo con algunos de los epígrafes incluidos, como los métodos lectivos para la mejora de conocimientos o la incentivación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el estudio de idiomas, si bien Gómez ha recordado que estos aspectos ya están en los planes, o directamente en aplicación, en Andalucía.

"peligroso" tratamiento a la escuela diferenciada

En lo tocante a aspectos determinados, el consejo incide en la "cautela" con la que se debe tratar la redistribución de competencias entre Gobierno y comunidades autónomas, el rechazo desde el punto de vista psicopedagógico al retorno de la estructura por cursos en Primaria, la supresión de referencias a la igualdad al eliminarse Educación para la Ciudadanía o el "grave" problema que puede suponer la imitación de un modelo de reválida en Secundaria, ya que "puede hacer que cuando terminen la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) los alumnos se encuentren sin un título".

Por otra parte, se ha recalcado el "peligroso" tratamiento a la escuela diferenciada, la especialización curricular en centros educativos como la posible creación de "'ghettos' donde se puede discriminar", el "recorte" de competencias de los consejos escolares o la pérdida de especificidad y la "indefensión" que para los docentes puede implicar la movilidad espacial y de áreas.

Gómez ha explicado que todas estas consideraciones se recogerán, según se ha aprobado, en un informe que pretende llevar al Pleno del Consejo Escolar de Estado, que se celebrará el próximo 30 de octubre

Consulta aquí más noticias de Sevilla.