El secretario general del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino Estrada, tendrá que declarar este jueves, día 4 de octubre, como imputado en el caso de supuestas irregularidades detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana de la capital.

Su interrogatorio, junto con el del director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta, Ángel María Marinero, y los de los arquitectos Luis de la Hoz Sánchez y Juan Cayetano Ayala, había sido propuesto por la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, si bien su letrado, Carlos Castro, consideraba suficiente con que los cuatro declararan en calidad de testigos, al no haber observado indicios racionales de criminalidad en su actuación.

Pues bien, el propio titular del Juzgado de Instrucción número 1, José María Crespo, parece entender lo contrario y ha decidido citar como imputados tanto al secretario del Ayuntamiento como al director general de Vivienda de la Consejería de Fomento, mientras que los otros dos lo harán como testigos.

El primero en prestar declaración será el secretario general del Consistorio, concretamente a las 11.30 horas de este jueves, mientras que los interrogatorios de los tres restantes tendrán lugar el viernes y los iniciará, a las 09.30 horas, Luis de la Hoz Sánchez, para continuar con Juan Cayetano y Ángel María Marinero a las 10.00 y 10.30 horas, respectivamente.

En el caso de este último, la acusación popular, a través de un escrito presentado el pasado día 12 de julio, especifica que cuando se aprobó la modificación del PGOU por orden de 18 de agosto de 2003 tuvo un papel relevante al ocupar la jefatura del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento y ordenar la publicación del texto refundido.

Pero además, Marinero, tal y como ha comunicado la propia Consejería de Fomento al juez instructor, sería el autor de un informe sobre el PGOU a raíz de las críticas realizadas a primeros de 2008 por la entonces presidenta del Grupo Municipal Socialista, Soraya Rodríguez, y su portavoz, Javier Izquierdo, y en el que se basó el consejero, Antonio Silván, a la hora de responder por carta a estos dos últimos para avalar la legalidad de la modificación y apuntar que en el supuesto de haber errores, éstos tendrían que ser subsanados por el Consistorio.

Por su parte, Luis de la Hoz Sánchez fue secretario del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y, según la acusación popular, fue quien informó sobre la prórroga del plazo para que el Ayuntamiento de Valladolid remitiera el texto refundido, mientras que Juan Cayetano Ayala fue miembro de la ponencia técnica de la Consejería de Fomento que informó sobre la modificación del PGOU.

A la declaración de estas cuatro personas seguirán el día 13 de octubre las del que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y del arquitecto Luis Álvarez Aller, que se encuentran también imputados y ya prestaron declaración con anterioridad sobre los mismos hechos.

Ambos iban a ser nuevamente interrogados el pasado día 4 de septiembre, aunque alegaron indefensión por no haber tenido acceso a todo lo actuado en los últimos meses, con lo que el juez encargado de la investigación optó por aplazar la testifical con el fin de que hasta entonces ambos imputados y sus defensas reciban copia de todas las testificales celebradas hasta la fecha y que incluyen a casi una veintena de personas, entre técnicos, exediles, miembros de la actual corporación e incluso el propio alcalde, el popular Francisco Javier León de la Riva.

Alegato compartido

Éste, quien compareció ante el juez el pasado día 12 de julio, así como sus compañeros de equipo de gobierno y otros exdiles han mantenido como alegato común que cuando emitieron su voto afirmativo a la modificación del PGOU u otros trámites previos fue siempre amparados en los informes de los técnicos de urbanismo, los técnicos jurídicos o, en su caso, los técnicos económicos.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.