El Grupo Socialista defenderá la próxima semana en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que pide a la Cámara que muestre su rechazo al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, impulsado por el Gobierno de Rajoy y que, según el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Álvarez de la Chica, taerá consigo "menos democracia y menos participación" en los centros.

En rueda de prensa, ha explicado que en la citada iniciativa también se demanda a la Junta que inste al Gobierno a entablar un diálogo "sereno" con toda la comunidad educativa, antes de aprobar el proyecto, con el objetivo de alcanzar un profundo acuerdo en relación con la reforma del sistema educativo.

Sobre todo, tal y como ha insistido el exconsejero de Educación, "porque trae la marca de la casa: menos democracia y menos participación", ha señalado al respecto de que los Consejos Escolares vayan a pasar de ser el órgano máximo de representación de la comunidad educativa a "un jarrón chino, a algo que estorba".

En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas consideran que con esta normativa se produce un retroceso a la escuela de hace 30 años, al ser una ley que responde al modelo ideológico de la derecha "más conservadora" porque no construye la escuela de calidad, "sino que recupera la mala escuela del pasado y ampara la regresión en gasto educativo que ha perpetrado Rajoy".

El Grupo Socialista, que considera que esta ley no es una reforma, sino una "contrarreforma", afirma también que el Gobierno del PP da un paso más en la ruptura de la equidad en la educación, imponiendo la segregación temprana mediante reválidas al final de cada etapa educativa. En su opinión, la ley carece, además, "de un diagnóstico riguroso para su elaboración, busca amparar la educación diferenciada y promueve la eliminación de la educación para la ciudadanía en educación primaria".

Para los socialistas, este proyecto de Ley es un proyecto recentralizador y que va en contra de la participación de la comunidad Educativa. "Es un proyecto sin consenso ni debate, que no se ha presentado en el seno de la Conferencia Sectorial o a las propias Organizaciones y representantes de la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar del Estado", argumentan.

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