El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha dado a conocer este miércoles la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 4 de eximir a la constructora Edificasa 2000 de costear la primera obra de legalización en los áticos del edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla de la capital.

El presidente del Grupo, Óscar Puente, y el portavoz, Javier Izquierdo, han explicado que el Juzgado ha dictado un auto en el que admite como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la liquidación decretada por el Ayuntamiento para que la empresa Edificasa se hiciera cargo de los 616.000 euros que costó la primera obra de legalización de los áticos.

La primera actuación sobre los áticos del edificio, en el que el alcalde tiene su vivienda, se ejecutó hace dos años para restaurar el inmueble a la legalidad después de la primera sentencia del TSJCyL de 2008 que consideraba ilegal el proyecto por el exceso de edificabilidad que suponían la transformación de unas carboneras en áticos. La intención del Ayuntamiento es que su coste, cifrado en 616.022 euros, fuera sufragado por la constructora que realizó la obra inicial de reforma del edificio.

Sin embargo, al presentar la empresa una reclamación a esta liquidación, la Sala ha accedido a la pretensión de Edificasa de suspender la ejecución decretada por el Ayuntamiento para que la empresa se hiciera cargo de los gastos. No obstante, Puente e Izquierdo han matizado que se trata de una medida cautelar que puede ser recurrida por el Consistorio

"Edificasa, que reformó el edificio en base a una licencia de obras que el Ayuntamiento había concedido, se libra, por tanto, por el momento del pago de 616.022 euros, montante total de la primera obra de restauración de la legalidad en el edificio, amparada en un acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que posteriormente el TSJ consideró nulo de pleno derecho, puesto que no ejecutaba la sentencia de 2008 en sus justos términos", han señalado los concejales socialista.

Esta información, a juicio del PSOE, supone "una nueva vuelta de tuerca" de la que extraen la conclusión de que la construcción de los áticos en los antiguos trasteros en base a una licencia ilegal, "uno de los cuales fue adquirido por el propio arquitecto que redactó el proyecto anulado por los tribunales", su posterior derribo y la reconstrucción de los viejos trasteros, "serán finalmente financiados por los vallisoletanos".

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, ha recordado que hace ahora dos años, cuando el Ayuntamiento aprobó aquel primer proyecto de obra para devolver los trasteros a su estado original y reformar los patios interiores en cumplimiento de la sentencia de 2008, la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, afirmó que se había requerido a la empresa constructora, Edificasa, para que se hiciera cargo, pero que al no recibir respuesta, el Ayuntamiento había decidido ejecutarla de forma subsidiaria, para reclamar después su coste al promotor.

Según Puente, Vidal aseguraba entonces que estaba tranquila y que el Ayuntamiento recuperaría el dinero, puesto que, según dijo, "había jurisprudencia reiterada del TSJ en casos similares que determinaba que la responsabilidad era "del promotor en un 70 por ciento".

Más de dos millones de euros

Puente ha apuntado que el coste de estas obras suma tanto esa primera, como las dos obras de legalización que se han tenido que aprobar después ante la disconformidad de los tribunales con lo que se había hecho. En total, según los socialistas, el coste supera ya el millón de euros, a lo que se debe sumar las indemnizaciones que han reclamado los propietarios de los áticos, "al menos otro millón" según ha señalado Puente.

Como comparación, Javier Izquierdo ha incidido en que esta suma supone ya el "20 por ciento" de los 10 millones que espera recaudar el Consistorio con el cobro de la nueva tasa de recogida de basuras. "Cuando los vallisoletanos vean su recibo, que piensen que el 20 por ciento del mismo irá a pagar el edificio de Caja Duero", ha ironizado.

El PSOE ha reiterado su petición de que el alcalde responda con su patrimonio de las consecuencias de todas las ilegalidades que se han sucedido desde la turbia operación de la compra de su vivienda, que coincidió en el tiempo con la aprobación de la famosa licencia ilegal de la que partió esta cascada de gastos para las arcas públicas.

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